La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió dar su veredicto para poner punto final al amañado mecanismo por el que la jueza Ana María Figueroa pretendía seguir en su cargo en la Cámara Federal de Casación.
El máximo tribunal del país resolvió pedirle a la magistrada que cesara en su cargo a pesar de que ésta pretendía tomar una licencia, mientras en el Senado el oficialismo buscaba los mecanismos que le permitieran a la jueza permanecer en la más alta instancia de la justicia penal.
La Corte Suprema, por unanimidad de sus cuatro miembros, emitió una resolución totalmente sujeta a lo que marca la Constitución Nacional con respecto a la edad máxima de los jueces de la Nación.
Tuvieron en cuenta que la doctora Figueroa ya había cumplido 75 años, que es la edad límite para ejercer, según indica la Constitución en su artículo 99 inciso 4. Por lo tanto, la continuación en el cargo sólo resultaba posible mediante un nuevo acuerdo del Senado, algo que el oficialismo no logró imponer.
La imparcialidad de la jueza Figueroa siempre estuvo en discusión, entre otras razones porque hace algunos años juró ante la Justicia haber sido “la primera víctima del lawfare”, término utilizado por el kirchnerismo para considerarse perseguido por jueces y fiscales supuestamente influidos política y judicialmente.
Figueroa tenía para resolución dos expedientes de suma importancia: el de la causa conocida como “Los Sauces-Hotesur” y el de la firma del memorando de entendimiento de la Argentina con Irán.
En ambos casos se encuentra involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y la sala de la Casación que para dichos casos integraba la jueza Figueroa es la que debe resolver si confirma o revoca los sobreseimientos que tiene en su beneficio la jefa política del oficialismo.
Sin resignarse luego del fallo contundente de la Corte Suprema, el oficialismo pretende ahora que el Senado nombre 75 jueces, muchos de los cuales se estima que tienen cercanía política con el Gobierno. Esta movida ya estaba montada en coincidencia con el trámite de la jueza Figueroa. Se ha indicado, además, que en listado hay postulantes que se encuentran esperando su oportunidad de acceder a la Justicia habiendo sido nominados por gobiernos anteriores.
Tanto el número de aspirantes que se pretende viabilizar como este último detalle, vinculado con la demora existente para nombrar magistrados, es otra clara demostración de la precariedad con que gran parte de la dirigencia entiende que debe funcionar el servicio de justicia en la Argentina. De ese modo, la política, en lugar de cumplir con su cometido de acuerdos en base a las cualidades de los postulantes, sólo está presente para intentar influir y colonizar ideológicamente los distintos estamentos del Poder Judicial.
En ese aspecto no debe olvidarse un informe de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, de este año, alertando sobre la falta de firmeza del estado de derecho en nuestro país. Se sustentó para esa dura consideración en la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, demoras en la designación de jueces, que queda en evidencia con estas 75 pretendidas designaciones de apuro, además de corrupción.
El funcionamiento de un Poder Judicial verdaderamente alejado de intereses sectoriales de toda índole es otra de las grandes deudas del sistema democrático vigente.
