Con el visto bueno que el directorio del Fondo Monetario Internacional acaba de brindar a lo acordado previamente con el gobierno argentino, nuestro país cierra un engorroso capítulo de negociaciones que, con muchas demoras, se obtuvo a pesar de la resistencia interna de buena parte del oficialismo.
El compromiso hacia adelante incluye el respeto a lógicas exigencias del organismo de crédito para poder sellar la refinanciación del préstamo otorgado durante la administración anterior de la Argentina.
Llega en lo inmediato un primer desembolso para pagar los vencimientos de la próxima semana, pero en tres meses se hará la primera evaluación de desempeño del Gobierno por parte del organismo de crédito.
En efecto, el Banco Central y el Ministerio de Economía deberán cumplir con objetivos concretos trazados, como la reducción de la emisión monetaria, poner un techo al déficit primario del país y un piso a la acumulación de reservas, entre otras metas de necesario cumplimiento.
Pero, por otro lado, hay advertencias lanzadas desde la conducción del FMI que también deberán alertar a las autoridades de Economía.
Desde el organismo avisan sobre las tensiones políticas internas de nuestro país, especialmente las generadas por la disidencia kirchnerista hacia el entendimiento logrado por su propio gobierno.
Poco se puede seguir esperando de un oficialismo que se parte en duros términos justamente ante la decisión de acordar con el FMI para poder intentar enderezar de una buena vez el rumbo económico, como el mismo ministro Guzmán ha señalado.
Como ya hemos indicado desde este espacio, la Argentina necesita urgentemente el trazado de un camino de previsibilidad en materia económica que, a su vez, aliente a quienes pretenden producir e invertir aquí.
El argumento de parte del oficialismo de que el ajuste es la única herramienta a la que recurren organismos como el FMI, se convierte en una suerte de encerrona que impide mirar hacia adelante y proyectar políticas creíbles en el corto y mediano plazo.
Pero el gran problema institucional para hacer frente a cualquier plan que facilite proyectar avances lo sigue constituyendo la existencia de un gobierno quebrado internamente por el solo hecho de una negociación de una deuda contraída por el país y que debía ser resuelta con más premura.
En el actual contexto, especialmente después de la tensión vivida en la última semana por las diferencias entre el Gobierno propiamente dicho y la disidencia cristinista-camporista, cuesta imaginar para la Argentina otro destino que no sea el de la crisis política permanente.
La Casa Rosada tiene ahora el terreno más despejado para poder fijar un derrotero claro y que responda a las expectativas que mantienen hacia nosotros los países que más respaldo han dado para que el entendimiento con el FMI se lograra.
Países que, justamente, nos abren la puerta a esa parte del mundo que tanto necesitamos.
Si el Gobierno no logra frenar esta discrepancia interna en poco tiempo más corre el riesgo de ingresar al 2023 electoral inmerso en una discusión interminable que puede paralizar las todavía pálidas perspectivas económicas.
No existe prácticamente nadie en el mundo que de un modo u otro no haya sido solidario con la Argentina en lo referido a su deuda con el FMI, y hubo incluso un gran consenso interno. Es sólo el oficialismo quien no logra ponerse de acuerdo.
