Nuestra provincia dio un paso institucional muy importante, con trascendencia nacional, al avanzar en la Legislatura un proyecto de ley clave para evitar que ciudadanos condenados por corrupción y otros delitos participen de las elecciones a cargos electivos o sean designados para cargos en el área gubernamental.
La iniciativa, conocida como de ficha limpia, que ahora deberá tratar el Senado para su aprobación final, determina que aquellas personas condenadas en juicio oral y público, a una pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme y la condena fuera de cumplimiento en suspenso, no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni presentarse en comicios generales para cargos públicos, ni ocupar lugares como funcionarios públicos.
En todos los casos la prohibición se aplicará para delitos contra la administración pública, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. Además, fueron incorporados a los alcances de la nueva ley los casos de condenados por delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.
Por otra parte, el texto prevé que todos los funcionarios públicos presenten ante la Oficina Anticorrupción la acreditación de que no poseen antecedentes penales, debiendo mantener la misma línea de conducta durante el ejercicio del cargo para el que fueron elegidos o designados.
Es de destacar el prácticamente unánime consenso que tuvo la iniciativa (sólo votó en forma negativa la diputada que representa a la izquierda), lo que habla del compromiso que asumirán desde ahora las distintas agrupaciones políticas con actividad partidaria en Mendoza. Cabe recordar que un proyecto de similar alcance fue promovido en 2019 en el Congreso nacional a través de un legislador de Juntos por el Cambio haciéndose eco de una solicitud ciudadana avalada por miles de firmas, iniciativa que nunca prosperó en el ámbito parlamentario y sobre la cual muy pocos políticos mostraron interés.
Esa indiferencia de la clase dirigente fue la que permitió que a través del recurso de los fueros ocuparan bancas parlamentarias o cargos ejecutivos personajes de dudosa reputación o responsables de actos reñidos con la ética pública y la moral con la finalidad de encubrir y proteger su actitud delictiva. Eso llevó a que, por ejemplo, personajes que en los últimos años fueron despojados de sus fueros como legisladores para ser llevados ante la Justicia argumentaran haber sido objeto de una persecución política. Como si nadie les hubiese advertido que el fuero no fue creado para proteger a delincuentes, sino que actúa como una inmunidad para amparar al legislador de posibles embates por lo que opina o expone en el ejercicio de su mandato.
Es de esperar que el consenso político y social logrado por esta iniciativa permita que el Senado le dé pronto tratamiento, porque Mendoza ha marcado el rumbo en lo institucional una vez más con esta loable iniciativa y la puesta en práctica de la nueva ley permitirá que ya en la próxima elección exista más certeza de que quienes se exponen al voto popular no tienen cuentas con la Justicia.
