El Gobierno nacional no tiene un discurso homogéneo ni medidas coordinadas para enfrentar la inflación, que registra una peligrosa tendencia alcista desde noviembre. El tema quedó relegado a un segundo lugar en la agenda pública, dominada por el escándalo de la llamada vacunación VIP.
Sin embargo, el aumento constante de precios, en especial de los alimentos y bebidas que conforman la dieta básica de los argentinos, es una preocupación cotidiana en millones de hogares. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una suba del 4% de los precios promedio a nivel nacional en diciembre y en enero. Los ítems vinculados a alimentos y bebidas tuvieron alzas de 4,4 y 4,8%, respectivamente. Este indicador impacta en la canasta básica alimentaria, que establece los niveles de pobreza e indigencia en el país.
La preocupación de las autoridades es congruente con la necesidad de minimizar la pérdida de calidad de vida de los argentinos. Lo que es incoherente son las líneas estratégicas asumidas por las autoridades para enfrentar la inflación.
En la reunión con una veintena de representantes de grandes empresas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que el problema es macroeconómico.
Para el funcionario y las autoridades del Banco Central, hay múltiples causas que alimentan la suba de precios; entre ellas, la emisión monetaria, la puja distributiva entre empresas y trabajadores, la inercia inflacionaria de los argentinos luego de décadas con índices elevados y el impacto del valor del dólar.
Guzmán centró sus medidas en reducir la brecha cambiaria que había alcanzado la cotización oficial del dólar en relación con los valores financieros y del blue. Además, emitió deuda en pesos para reducir el dinero circulante y evitar una mayor demanda de bienes y servicios.
Otro sector del Gobierno alienta la intervención en la economía y los controles de precios. Los partidarios de estas acciones lanzaron a la calle a cientos de militantes políticos e integrantes de las organizaciones sociales para verificar la observación de los programas Precios Máximos y Precios Cuidados, de escaso cumplimiento en el interior por los faltantes de mercaderías. La secuela de tales acciones fueron multas y clausuras de pequeños supermercados y autoservicios que, en muchos casos, reciben tales productos a mayores precios o que carecen de los volúmenes necesarios, cuya disposición preferencial es para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Esta supuesta acción ejemplificadora constituye un mensaje efímero para la sociedad, que conoce los problemas por los que atraviesan los pequeños y medianos comercios de gran parte de la Argentina.
La descripción realizada por Guzmán constituye una hoja de ruta para encarar el principal problema que tiene la economía desde hace décadas. Los efectos publicitarios de aquellas acciones son apenas una ráfaga informativa dentro de una agenda dominada por otras graves cuestiones.
