El Gobierno nacional anunció iniciativas para volver a poner en la escena del panorama exterior el tema de las Islas Malvinas.
Es de esperar que la colocación en la agenda pública del tema Malvinas se ejecute con responsabilidad, gestión y dedicación porque la recuperación de los archipiélagos australes sigue tan lejana e inalcanzable como en junio de 1982, cuando nuestro país fue derrotado en la guerra del Atlántico Sur.
Los anuncios del Presidente Alberto Fernández y el canciller, Felipe Solá, se hicieron en la jornada apropiada, el pasado 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La forma de volver sobre una aspiración nacional, más allá de las diferencias partidarias que pueden coexistir, se materializó con el envío al Congreso de tres proyectos de ley. Estas iniciativas tienen la meta de reafirmar y dar status de política de Estado al reclamo argentino de soberanía sobre los territorios australes, además de proteger los recursos naturales nacionales.
El primero de los proyectos promueve la creación de un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, que será ubicado en la órbita presidencial y tendrá una composición plural con la indicación de crear políticas de Estado a mediano y largo plazo sobre la cuestión. Y para una mayor ecuanimidad en su labor contará con representantes de la oposición, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego (de la que dependen las islas para nuestro país) y de los ex combatientes del conflicto armado de los años ochenta.
La pretensión final para poder empezar por algo práctico y consistente en atención a nuestros objetivos, es conseguir que el Reino Unido se siente en la Asamblea General de Naciones Unidas a discutir la soberanía sobre el archipiélago, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Es un cuadro de situación que por ahora se ve distante y difícil, pese a las buenas relaciones que tratan de mantener los dos gobiernos.
En segundo término se impulsa poner en vigencia normas que aseguren la protección de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino. En paralelo, se propone demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas. Esta propuesta es el resultado del trabajo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).
Esta legislación nos pondrá en una mejor posición para desalentar y combatir la pesca ilegal de países extranjeros (que se llevan riquezas por 14 mil millones de dólares anuales) e incrementar la seguridad jurídica sobre la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. Esto tiene que ver con las empresas petroleras extranjeras que explotan en el área norte de Malvinas.
Por último, ingresará al Congreso un proyecto elaborado en conjunto con la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura para elevar las sanciones a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas, que es mar argentino.
Antes de que estallara la pandemia, el Reino Unido había admitido su interés en fortalecer el comercio bilateral de bienes y servicios con nuestra nación, que se ubica alrededor de los 1.500 millones de dólares (de los cuales unos U$S 1.200 millones corresponden al intercambio de bienes). Pero es una incógnita saber qué pasara cuando las autoridades nacionales, que también se muestran predispuestas a avanzar en acuerdos comerciales y de otra naturaleza con Inglaterra, planteen la necesidad de que Londres se avenga a dialogar sobre el caso Malvinas tal como lo exige la resolución de Naciones Unidas.
