Mientras está en consideración por el Ejecutivo nacional la continuidad o no del plan de obras públicas nacional con tendencia a una disminución importante de los trabajos a realizar por empresas de construcción y cooperativas, hay millones de personas que corren el riesgo de seguir viviendo en peores condiciones.
Nos referimos a los casi cinco millones que habitan los barrios populares o asentamientos precarios, lugares muchos de ellos sin agua, cloacas ni energía, o disponiendo de alguna prestación básica, pero careciendo de veredas y con calles de tierra, intransitables en días de lluvia.
De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y según datos de octubre de 2022, en todo el país hay 5.687 barrios carenciados. En 2016 eran 4.416. El 89% de esas familias no accede formalmente a la red de agua corriente. Desgraciadamente, la realidad alcanza a Mendoza, provincia en la que hay 317 de esos barrios, aunque otras mediciones sostienen que son muchos más.
Frente a la incertidumbre sobre qué pasara con la obra pública, es deducible pensar que el acceso a mejoras de infraestructura y dotación de servicios de estos lugares se postergará.
La postergación de miles de hogares condenados a vivir en condiciones muy extremas, se acelerará con las consecuencias propias, que como siempre arrastrará en la vorágine de la marginalidad a los más vulnerables, que son los niños y las personas mayores. Alrededor del 38% de los habitantes de los barrios tienen menos de 15 años de edad, y casi siete de cada diez personas son menores de 29 años.
Creemos que las expectativas de los habitantes de estos conglomerados no deberían cercenarse y las obras requeridas para eliminar diferentes grados de precariedad y hacinamiento deberían encararse a costa de sacrificios económico financieros de las arcas del Estado y contando con el esfuerzo de los vecinos que habitan esos sitios o con la aplicación del sistema de ayuda mutua, que tantos buenos ejemplos sembró en Mendoza.
La mayoría de los barrios en consideración no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica, cloacas y asfalto en las arterias internas. Sus moradores están condenados a la más completa exclusión. Por eso creemos que, en este ámbito, la obra pública, no debería parar y progresivamente ir dotando a esos espacios de los servicios urbanos esenciales como acceso a agua potable, electricidad y saneamiento.
La flamante administración nacional, encabezada por el presidente Javier Gerardo Milei, el Ministerio de Desarrollo Social ha sido convertido en una cartera nueva, llamada Ministerio de Capital Humano. Sostenemos que esta área gubernativa debería, no obstante, las restricciones impuestas a nivel general, obtener los fondos que permitan erradicar la degradante realidad de los ocupantes de asentamientos informales, que en la realidad mendocina se reparten con crudeza en varios de los departamentos, especialmente en el área del Gran Mendoza.
Es imprescindible que el Gobierno mantenga la financiación y el buen trabajo que venía realizando el Renabap para poder avanzar en los derechos de más de cinco millones de ciudadanos.
Argentina tiene esa obligación: mejorar esta situación de hábitat deprimido y casi infrahumano y ponerse a mejorar los procesos de estas barriadas, no de borrarlos del mapa.
