La postura habitualmente confrontativa del gobierno nacional en lo relacionado con la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece impedir el acercamiento con la oposición que, curiosamente, dice buscar para consensuar un argumento que lleve al entendimiento con dicho organismo.
En política es muy difícil pretender limar asperezas con un adversario si se lo convoca al diálogo, pero primero se insiste en echarle en cara los motivos por los cuales se lo convocó para buscar una solución.
Es lo que pasó en Diputados, con el frustrado debate del Presupuesto de este año, y recientemente en el cónclave con gobernadores provinciales o sus representantes.
Vale recordar que la renovación parlamentaria surgida de las recientes elecciones muestra una particularidad: tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ningún sector partidario tiene mayoría.
Se habilitó así el debate entre minorías que necesariamente requieren de acuerdos para poder avanzar con la legislación a aprobar.
Como ya hemos señalado en este mismo espacio, esa realidad hacía pensar en una nueva etapa de consensos obligados en el ámbito parlamentario nacional. Y ello es así porque, de ninguna manera, el resultado electoral del 14 de noviembre abrió la posibilidad de que exista de ahora en más un cogobierno. La responsabilidad de gobernar es del Ejecutivo nacional, pero sin mayoría en las cámaras legislativas requiere de acuerdos.
El ámbito natural de negociación política, oficialismo más oposición, es el Congreso. Por lo tanto, es allí donde corresponde que las autoridades nacionales lleven sus inquietudes sobre el sinuoso tema de la deuda con el FMI. En el Parlamento se debe obtener el básico consenso político que, razonablemente, está reclamando dicho organismo para hacer viable el entendimiento sobre la futura cancelación de la deuda.
Es por ello que la reciente reunión del Presidente y su ministro de Economía con los gobernadores generó entre los mandatarios de la oposición lógicas sospechas del montaje de una mera estrategia política del oficialismo para buscar y mostrar un consentimiento que no es capaz de lograr en el Congreso. Y lo que se escuchó allí de la autoridad económica nacional no aportó nada nuevo.
Esa desconfianza es la que llevó a la organización de otro encuentro sobre el tema FMI con los gobernadores y principales referentes legislativos de Juntos por el Cambio, que en principio estaba prevista para mañana o el martes, pero que sigue sin fecha definida. En el Gobierno no entienden que los referentes opositores no pueden dar un fácil consentimiento a una negociación que no está sustentada en un plan económico claro y en pautas presupuestarias viables.
A la confusa estrategia del gobierno nacional se suma la asunción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una organización que contiene a países con regímenes claramente dictatoriales o autoritarios, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y de la que no forma parte Estados Unidos, nada menos que el principal miembro del FMI.
El tiempo apremia en esta crucial negociación. El país debería cerrar su entendimiento en estos primeros meses del año y no puede caer nuevamente en cesación de pagos por no poder cumplir con compromisos que están sujetos a lo que se resuelva finalmente. Urge un diálogo serio y despojado de rencores y revanchismos.
