Suele decirse en los ámbitos tribunalicios que nadie puede alegar su propia torpeza. Que, en suma, nadie puede excusarse en su propia incapacidad ni escudarse en el desconocimiento o en la ignorancia.
Con frecuencia, nuestros funcionarios se amparan en su propia inopia para explicar lo inexplicable.
Tal como nos ha vuelto a ocurrir hace unos días, cuando el secretario coordinador de Energías de la Nación, Daniel González, rompió un silencio de nueve meses en lo que hace al estado de su área, para anunciar que se avecina un verano complicado en materia de transporte de energía.
Afirmó que los argentinos –agobiados por los altísimos costos de todos los servicios, de salarios corroídos por la inflación, y angustiados por el desempleo y la inseguridad– deben estar preparados para soportar los cortes de electricidad de una temporada que se advierte seca y calurosa.
Si algo se necesitaba para insuflar un poco de aliento a millones de seres preocupados, las palabras del funcionario no suenan como la terapia adecuada.
Es que si algo se echa de menos en medio de nuestras dificultades crecientes, es un mensaje empático que alimente siquiera en mínima medida a quienes vienen soportando un ajuste sin precedentes a cambio de nada, haciendo el esfuerzo de poner una cuota de fe cuando el ánimo de todos flaquea.
En cambio, se evidencia la clara falta de planes de corto plazo y de proyectos integradores, toda vez que no pocos funcionarios sólo aparecen para explicar por qué las cosas no funcionan, apoyados en el fácil argumento de lo mal que se gestionó durante las administraciones anteriores.
Nadie pone en duda a estas alturas lo que han significado las últimas dos décadas para nuestra sociedad, décadas signadas por el populismo fabulador, con su carga de ineptitud, derroche y corrupción.
Pero cabe preguntarse cuánto tiempo más puede una gestión justificarse en los errores ajenos haciendo caso omiso al simple dato de que recibieron un voto de confianza para enderezar lo que otros habían torcido con su irresponsabilidad, y por otras culpas peores.
En otras palabras, que las carencias de las administraciones anteriores en algún momento dejarán de ser ajenas para convertirse en propias.
Entretanto, urge demostrar que quienes se han hecho cargo saben lo que hacen y tienen no sólo capacidad de diagnóstico, sino también conocimientos de gestión.
Que pueden afrontar los problemas sin seguir apelando a la resignación de los usuarios y pueden, también, al menos diseñar una campaña de ahorro energético apelando a una comunicación que hoy se malgasta en las redes con otros fines ajenos a las necesidades de la sociedad. Conviene recordar también que sigue vigente la alta presión tributaria incluida en las boletas de energía, algo que supuestamente la gestión libertaria venía a modificar.
Todo ello sin perjuicio de las necesarias obras de remediación de la crisis, remediación que es imposible de afrontar mientras se siga suponiendo que toda obra pública es mala palabra y esperando ingenuamente que los privados se lancen a la tarea de hacer lo que el Estado elude de manera sistemática.
Porque si algo resulta seguro es que ello no habrá de suceder.
La cuestión, más sencillamente, tiene que ver con eso que llaman “gestión de gobierno”.
Que es pensar en las necesidades populares, por sobre todas las cosas.
