El régimen venezolano consumó recientemente un nuevo ataque a las libertades ciudadanas mediante la expropiación de la sede y el terreno del diario independiente El Nacional, emblema de la prensa de aquel país.
La medida se concretó a través de un cuestionado fallo de una jueza civil y mercantil de Caracas, que dispuso adjudicar directamente dichos bienes al actual número dos de la dictadura chavista, Diosdado Cabello.
De esta manera, la prensa venezolana fue objeto del increíble robo de un medio de larga tradición e independiente.
Con resignación y sin muchas herramientas para actuar en el campo legal, en virtud del autoritarismo imperante en aquel país, directivos y empleados de El Nacional son testigos de la incorporación del medio al patrimonio del vicepresidente del régimen.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otras organizaciones que defienden la libertad de expresión, no tardó en pronunciarse ante semejante dictamen.
La organización señaló que con el escandaloso fallo judicial se llevó a cabo, lisa y llanamente, un robo para favorecer a la dictadura gobernante y evitar que la prensa pueda ejercer su tarea de análisis y opinión sobre la cada vez más delicada situación social y económica venezolana.
El 16 de abril de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó al diario El Nacional a pagarle a Cabello una indemnización de más de 13 millones de dólares luego de que el personaje del régimen demandara al diario, y a su director, por publicar un artículo del periódico español ABC en el que se lo vinculaba con el narcotráfico. Un mes después un juez dispuso que instalaciones y bienes de El Nacional fueran embargados. Por último, la reciente sentencia se dictó sin que previamente se informara “el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, según destacó la SIP en su pronunciamiento.
Este lamentable hecho se suma a una serie de acciones de la misma índole llevadas a cabo durante largo tiempo por el régimen autoritario que encabezan Maduro y Cabello en Venezuela.
Desde la conducción de la SIP se recordó, precisamente, que durante 20 años los medios de prensa fueron sistemáticamente cerrados o “amordazados” con el propósito de que no se difundieran las directivas de opresión emanadas del régimen gobernante.
Y se acotó que este último hecho, en el que la Justicia fue determinante para consumar el robo del medio, puso en evidencia que el manejo discrecional de los poderes del Estado por parte del gobierno bolivariano de Caracas es capaz de exceder todo límite.
El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, alcanzó a señalar tras el vergonzoso fallo que “en Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional” y acotó que los jueces afines al régimen que se expiden a favor de éste “más bien parecen sicarios y gatilleros”.
Nos encontramos ante otro ejemplo de avasallamiento de las libertades públicas, lo que conlleva una permanente invitación a otros gobiernos autoritarios de la región a adoptar similares actitudes, incluso en nuestro país, donde desde el poder se acusa maliciosamente a la prensa de acciones conspirativas.
