En una reciente entrevista periodística, el juez de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti efectuó una muy firme defensa de la función que les compete a los miembros del máximo tribunal del país.
Sus conceptos toman gran trascendencia en virtud de las continuas denuncias y presiones que ejercen desde el Gobierno contra esos magistrados, además de la frecuente presión oficialista para separar de sus cargos a jueces y fiscales que investigan y movilizan causas por corrupción.
En ese sentido, debe recordarse que hace pocos días ex funcionarios y dirigentes vinculados con el kirchnerismo, en muchos casos procesados y hasta condenados por la Justicia, encabezaron una manifestación para pedir la renuncia de los miembros de la Suprema Corte.
En más de una oportunidad, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, dijo públicamente que en la Argentina los golpes militares fueron remplazados por “golpes judiciales”, una muy atrevida forma de poner en duda la vigencia del estado de derecho, o de interpretar que éste se encuentra en riesgo, cuando, en realidad, lo que ella cuestiona indica todo lo contrario.
Lo que hace la Justicia es investigar casos de corrupción en la función pública ocurridos en los anteriores gobiernos kirchneristas, como también, a instancias del actual oficialismo, se encuentra abocada a sucesos que se produjeron durante la administración del ex presidente Macri.
Al respecto, en la entrevista el doctor Lorenzetti aclaró con énfasis que “la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido”. Y si bien consideró que son legítimos y entendibles algunos intereses para reformar el Poder Judicial, “no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento, o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie. Eso es una base en el estado de derecho y el juez debe tener la estabilidad necesaria”.
Y fue terminante al pedírsele opinión sobre el lawfare que permanentemente denuncia el kirchnerismo, denunciando acciones para embestir contra la Vicepresidenta y otros integrantes de ese sector político. “Yo respeto opiniones, pero para mí el lawfare no existe. No tengo ninguna duda al respecto. Las mismas decisiones que tomamos ahora las hemos adoptado en la Corte con los 4 presidentes (de la República) que hemos tenido”.
Dos días después de la citada movilización kirchnerista contra la Corte, sectores representativos de jueces y magistrados independientes, funcionarios judiciales, abogados y referentes de la oposición organizaron otra marcha para respaldar el estado de derecho y, por ende, a los jueces supremos. Se sumaron ciudadanos siempre preocupados ante el riesgo que pueden correr las instituciones.
Esperemos que la manifiesta actitud del oficialismo para obstaculizar la labor de la justicia independiente no tenga efectos o, directamente, cese en algún momento. Es de destacar que actitudes como la expresada por el juez Lorenzetti garantizan una defensa fuerte y constante de cualquier embestida que comprometa la independencia de poderes y el normal funcionamiento del sistema republicano, que se expresa en gran medida en el equilibrio que debe otorgar el Poder Judicial, a prudente distancia de intereses políticos y sectoriales.
