El Gobierno nacional puso en marcha el blanqueo laboral, pero excluyó del mecanismo todas las categorías vinculadas con el empleo doméstico, una actividad fuertemente feminizada y donde la informalidad es muy alta.
El blanqueo laboral es uno de los aspectos que abarca la reforma laboral impulsada por la Ley Bases.
Su objetivo es promover la regularización de relaciones laborales no declaradas o deficientemente registradas, incentivando a quienes dan empleo para que reconozcan de manera formal el vínculo que tienen con su personal.
En otras palabras, apunta a reducir el denominado “trabajo informal”, que es aquel que, por no estar registrado, no brinda a quien trabaja los beneficios sociales que le corresponden por ley.
Las condonaciones de deuda que se les ofrecen a las empresas por no haber realizado los aportes a la seguridad social son significativas.
En el caso de las micro y las pequeñas empresas, alcanzarían hasta el 90%; para las medianas, el máximo llega a 80%, y el tope para las grandes compañías es del 70%.
Además, quienes paguen al contado el resto de la deuda obtendrán un beneficio adicional.
En ese contexto, llama la atención que el empleo doméstico, donde se estima que hay alrededor de 1,2 millones de trabajadores en situación de informalidad, haya quedado fuera del blanqueo, cuando en su origen la Ley Bases lo contemplaba.
Tengamos en cuenta que se trata de un problema histórico, que no ha podido ser solucionado.
Cuando se aprobó en 2013 la ley 26.844, que estableció un régimen laboral para el personal de casas particulares, las estimaciones centrales eran dos: que en el sector, el 97% de los trabajadores eran mujeres; y que más del 70% de esos empleos no estaban registrados.
Esas cifras oscilan de acuerdo con los vaivenes económicos del país: en momentos de crisis, hay más mujeres dispuestas a aceptar un empleo informal para limpiar casas, con tal de asegurarse un mínimo ingreso regular.
Pero la tendencia nunca se revirtió y algunas investigaciones que se focalizaron en esa actividad específica detectaron datos por cierto muy preocupantes.
Entre otros ejemplos, que el empleo doméstico sería la principal ocupación de las mujeres asalariadas y que un 40% de las madres pobres y la mitad de las madres solteras trabajan como empleadas domésticas.
En reiteradas ocasiones, y por diferentes vías, el presidente Javier Milei expresó su negativa a reconocer la necesidad de instrumentar políticas que apunten a la paridad de género.
También manifestó que no cree que el Estado deba actuar contra la desigualdad social.
La reglamentación del blanqueo laboral demuestra el impacto de su perspectiva ideológica.
La desigualdad es una cuestión económica en cuya trama la problemática de género es innegable.
Todos sabemos que las mujeres sufren más la informalidad laboral que los varones y ganan bastante menos que ellos.
Y en una actividad laboral donde la presencia femenina es casi total y la informalidad laboral es altísima, el Gobierno decide no incentivar la formalización.
Obviamente, debería hacer todo lo contrario, aunque más no fuera por su objetivo de reducir la informalidad laboral.
