El juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa el Gobierno torna cada vez más tenso el clima político y produce un lógico deterioro de la imagen institucional del país.
No es un detalle más que el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, haya pedido “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”, a la vez que aclaró que sigue con atención “la situación institucional entre el gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes”.
El gobierno nacional se mostró sorprendido y molesto por esta postura de EEUU sin tener en cuenta, probablemente, que la actual administración estadounidense ha sido bastante contemplativa en distintos aspectos con las erráticas políticas del kirchnerismo, al punto de adoptar una postura muy importante para que la Argentina lograra consensuar con el Fondo Monetario Internacional el reacomodamiento de la deuda.
También fue trascendente el reclamo de unos 500 empresarios y profesionales al Congreso para que éste frene la embestida a la Corte.
A través de una extensa carta, fueron lapidarios con sus apreciaciones: “La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco…”.
Califican de “desatino institucional” el proceso que piensa iniciar el oficialismo contra la Corte “por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional…”.
Y plantean que difícilmente se incentive la inversión “en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia”.
A esta postura se sumaron, con críticas en el mismo sentido, el Foro de Convergencia Empresarial y la Asociación por los Derechos Civiles. También organizaciones internacionales que representan a magistrados.
A lo largo de su gestión, el presidente de la Nación sistemáticamente criticó la labor de los miembros de la Corte, como de todo magistrado no alineado políticamente.
Intentó siempre, felizmente sin éxito hasta ahora, embestir contra el Poder Judicial en su conjunto.
Un ejemplo muy claro es el de la reforma que no avanzó por el razonable freno que impuso la oposición en el Congreso.
Si bien la remoción de jueces supremos mediante el mecanismo del juicio político se encuentra previsto en la Constitución Nacional, lo que no dice el espíritu de la ley suprema es que en dicho proceso se contemplen acciones como la de la actual embestida, promovida por quienes dicen sentirse perseguidos por una suerte de conspiración político-judicial, cuando lo que verdaderamente ha caído sobre esas personas es el juzgamiento de hechos de corrupción en la función pública.
Es intolerable pretender enjuiciar por mal desempeño a miembros de la Corte que solamente fallaron en un conflicto que no supo resolver la política, como es el de la quita arbitraria de recursos a un distrito para destinarlos a otro.
Lamentablemente, lo que buscan es someter y llevar a la Justicia a su mínima expresión, aunque la República estalle en mil pedazos.
