El gobierno nacional denunció formalmente ante la Justicia un escándalo de proporciones notables, que surge de la evaluación del funcionamiento de los comedores comunitarios para gente de escasos recursos durante la presidencia de Alberto Fernández.
Según la amplia información difundida, que ya está siendo considerada por fiscales y jueces federales, el actual gobierno sólo pudo confirmar la existencia de un poco más del 52% de dichos establecimientos, ya que el 48% restante no funciona más.
Además, hay un 25% de direcciones inexistentes o en las que nunca funcionó un comedor o merendero.
En virtud de lo detectado, las autoridades del Ministerio de Capital Humano no tuvieron otra alternativa que efectuar la presentación ante la Justicia, por incumplimiento a los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública, contra los distintos titulares que tuvo el área anterior de Desarrollo Social.
La acusación es válida, puesto que la legislación vigente dispone que los funcionarios que autorizaban la salida y distribución de la mercadería que el Estado concentraba debía controlar fehacientemente el destino de la misma.
Por otra parte, se ven involucrados en el escándalo, siendo también pasibles de imputación judicial, distintos integrantes de las organizaciones sociales y políticas que se encargaban de reunir beneficiarios para los distintos planes de asistencia del Estado.
Esta última modalidad, vale recordarlo, fue la que dio paso a la total dependencia política de las personas a las que se les otorgaban los beneficios, argentinos que pasaban a adquirir una situación de dependencia prácticamente esclavizante, ya que para poder comer debían participar en actos políticos, movilizaciones y todo tipo de protesta que fuese necesario implementar para sentar presencia o forzar alguna negociación con las autoridades de turno.
Esta presión era ejercida especialmente mediante las movilizaciones y acampes, repudiables modalidades extorsivas que tenían como finalidad lograr apoyo electoral para los dirigentes y sectores partidarios que se encargaban de la manipulación alevosa de los alimentos habidos por el Estado nacional.
El oficialismo anterior y sectores de la izquierda se encuentran observados al respecto.
Sin embargo, como todo régimen de opresión, el sistema de los comedores tuvo su esperada y necesaria vía de escape.
Miles de personas hallaron una sana vía de escape a través de las líneas telefónicas para formular denuncias anónimas puestas en práctica por el actual gobierno nacional a poco de asumir.
De esa manera fue posible confirmar las irregularidades, tener en mano las pruebas para la faz acusatoria y sacar a la luz una triste situación que durante años impuso un verdadero régimen de dependencia.
“Se encontró un esquema de esclavitud moderna”, sentenció en su reciente informe de gestión ante el Senado el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse.
No obstante, sí le corresponde al actual gobierno no dejar de lado la asistencia a miles de personas que requieren la ayuda que el Estado se ve obligado a mantener ante una situación que no tendrá soluciones mágicas.
Y es de esperar que este escándalo tenga a tiempo su correspondiente tratamiento en la Justicia, para que, de ser pertinente, el peso de la ley recaiga sobre quienes abusaron de la necesidad de un amplio segmento de la población argentina empobrecida por lo peor y más detestable de la política.
