La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una nueva medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei, la segunda en cinco meses de gestión. Contó con el apoyo de otros sectores gremiales no directamente alineados con esa tradicional central sindical peronista.
Nuevamente quedó en evidencia la clara estrategia de una lisa y llana confrontación con el Gobierno con el argumento de protestar contra medidas económicas y de ajuste drásticas, es cierto, pero en gran medida necesarias para buscar encarrilar el rumbo de una gestión que se propone poner orden en las cuentas públicas luego de décadas plenas en excesos y desaciertos.
La decisión de muchos argentinos de trabajar el jueves a pesar de la falta de transporte público, y de presiones gremiales que fueron denunciadas, demuestra que un buen porcentaje de la población reconoce que sólo con esfuerzo y dedicación será posible volver a encarrilar a un país que atraviesa una tremenda y destructiva crisis económica y social.
Se puede aceptar que la dirigencia gremial exprese críticas y preocupación por las nuevas políticas, conociéndose su tradicional alineamiento con la línea económica del justicialismo. Pero también es apropiado admitir que todo nuevo gobierno debe disponer de un tiempo prudente para orientar sus políticas, lo que no respetan la CGT y adherentes con 2 medidas de fuerza en tan corto período.
Debe recordarse que la misma conducción cegetista estuvo 4 años y 7 meses sin organizar ninguna medida de fuerza. La última convocatoria había sido encontrándose todavía el presidente Macri a cargo de la conducción del país. Luego hubo total silencio a pesar de que el gobierno justicialista previo al actual, identificado políticamente con la CGT, generó un descalabro económico y social pocas veces visto en las últimas décadas en la Argentina.
Esta orientación no resulta casual. Desde el regreso de la democracia, en 1983, hubo 44 medidas de fuerza organizadas por la CGT, de las que 64% fueron contra gobiernos no peronistas. Un claro alineamiento político.
La administración del presidente Alberto Fernández dejó al país con una inflación de más 1.000 por ciento acumulada en cuatro años. La deuda pública se multiplicó largamente, la pobreza llegó al 45%, las reservas del país quedaron en negativo por 12 mil millones de dólares, mientras que el dólar informal pasó de 70 a 990 pesos en los cuatro años de gestión reciente. Y no debe dejarse de tener en cuenta el elevado uso de recursos del Estado por parte del ministro Sergio Massa para financiar y apuntalar su campaña presidencial. Datos contundentes como para justificar reacciones sindicales que, llamativamente, nunca se concretaron en el periodo anterior.
La intransigencia gremial llevó a las autoridades gubernamentales a afirmar, tras la medida de fuerza reciente, que no dará marcha atrás con ninguna de las medidas adoptadas y que dieron argumentos al gremialismo peronista para convocar a la nueva medida de fuerza.
Las posturas extremas no contribuyen a la generación de un ámbito de negociación siempre necesario en tiempos de cambios drásticos, como los que se pretende implementar desde el Gobierno. En ese aspecto, la posibilidad planteada por parte de algunos gremialistas de convocar a un nuevo paro, pero de 36 horas, si las autoridades no revierten las medidas objetadas puede conducir a un marco de tensión absolutamente innecesario.
