Valiéndose de su elevada popularidad, sin adversarios bien posicionados y dejando a un lado las críticas a su arrollador proyecto político, Nayib Bukele obtuvo la reelección presidencial en El Salvador, aunque falta la oficialización de las cifras, y se encamina a ejercer un nuevo gobierno con una oposición muy debilitada.
Se trata de un joven personaje que basó su campaña reeleccionista en las renovadas críticas al tradicional bipartidismo salvadoreño, al que ya había vencido en 2019, y principalmente en los resultados de su política de seguridad, a pesar de haber recibido constantes denuncias por abusos en los procedimientos.
La mayor apuesta de Bukele fue el combate a las habituales pandillas de delincuentes que asolaron durante décadas tanto a salvadoreños como a ocasionales visitantes, dejando una imagen muy lamentable sobre la convivencia en ese país.
Pandillas a la que ese bipartidismo de derecha y de izquierda no supo controlar en más de veinte años.
Sin embargo, para llegar a este nuevo mandato presidencial Bukele sorteó con éxito limitaciones impuestas por la Constitución de El Salvador, que prohíbe la reelección inmediata.
En 2021 una resolución de la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país habilitó al presidente a volver a presentarse.
Esa postura fue luego apuntalada por el Tribunal Supremo Electoral.
Sólo le exigió el fallo tomar una licencia de seis meses antes de terminar su primer período para poder participar de la campaña electoral.
Así lo hizo, ya que el Congreso le otorgó el permiso temporal.
La influencia de Bukele en la conformación de las instancias judiciales que lo favorecieron fue muy alta.
Es importante rescatar la opinión de analistas internacionales que admiten que Bukele fue quien creó las condiciones para poder concentrar el poder político y prolongar su tiempo en el gobierno.
De ese modo, la mayoría de la sociedad salvadoreña lo apoya casi a ciegas porque no desea que se frene lo que es visto como un progreso en la marcha general del país y muy especialmente en los logros en seguridad.
Bukele supo aprovechar el malestar ciudadano que encontró y contó con el apoyo legislativo necesario.
Fue el Congreso el que le otorgó la aprobación de un estado de excepción que el Presidente pidió, de modo de agilizar todos los procedimientos de detención y encarcelamiento de delincuentes o sospechosos.
Hubo a partir de ese momento muchas denuncias de abusos a los derechos humanos, pero los objetivos planteados en cuanto al combate contra el delito fueron tan eficaces, con resultados elocuentes, que la luz verde se mantuvo encendida para el jefe de Estado.
El escenario salvadoreño se tornó impactante en este siglo.
Las bandas conocidas como maras se valieron de la débil política de partidos para imponerse hasta convertirse en una suerte de estado paralelo. Bukele fue quien se animó a encararlas hasta erradicarlas.
Las consecuencias que todo esto produjo: instituciones tan debilitadas actualmente como cuando cogobernaban las maras.
Por lo tanto, es de desear que una vez consumada la total victoria sobre la delincuencia organizada, el presidente Bukele reimplante en su país la vigencia plena de las instituciones, algo que, con seguridad, los salvadoreños algún día van a reclamar.
Los países de nuestra región requieren altas dosis de seguridad y la democracia, pero las dos juntas. El narcotráfico se está convirtiendo en un Estado dentro del Estado y para combatirlo se necesita, además de represión, un sistema transparente de representación política.
