Ya se cumplieron siete meses de la gestión presidencial de Javier Milei y hace pocos días pudo ser firmado el denominado Pacto de Mayo, decena de puntos que el Presidente acordó con la mayoría de los gobernadores provinciales para dotar a la Argentina de un manejo sensato y equilibrado de los recursos del Estado. Tuvo el jefe del Ejecutivo el mérito de aceptar el pedido de muchas organizaciones civiles a favor de la incorporación de la educación entre los aspectos a potenciar.
Por lo tanto, la Argentina ingresó en un sendero del que no debería salir, según lo acordado por el presidente Milei y 18 gobernadores, más allá de los inconvenientes ocasionales que una gestión siempre debe afrontar, con más razón, como ocurre en la Argentina de hoy, cuando de lo que se trata es de corregir un rumbo económico y social enquistado por décadas y, por lo tanto, totalmente a contramano de lo que los manuales de la buena administración recomiendan.
Con mucho esfuerzo y la buena voluntad de la mayor parte de la oposición, en este aún corto tiempo de gestión el Gobierno logró la sanción de la denominada Ley Bases, con la que la actual administración pretende poner en práctica sus ideas de gestión, tanto las plasmadas en el Pacto recientemente firmado en San Miguel de Tucumán como las que hacen a la reforma y reestructuración del Estado, las relaciones laborales, etc., incluidas en el contenido de la amplia ley mencionada.
El ir y venir de apreciaciones parciales, especialmente en el Congreso, que es el escenario de debate democrático por excelencia, no debería empañar decisiones y avances de la actual gestión en su afán por acomodar la situación fiscal y cumplir con sus metas y compromisos. Es el caso del acuerdo recuperado en su momento con el Fondo Monetario Internacional, cuenta pendiente de la gestión anterior. Es un estímulo para que la Argentina pueda afrontar satisfactoriamente sus compromisos a cambio de un visible intento por recuperar la estabilidad macroeconómica, punto fundamental para la estabilidad que se pretende imponer en el futuro.
Como conclusión es pertinente sugerir a la dirigencia política, en general, que busque imponer un nivel de mesura y prudencia en la discusión de temas en virtud del difícil contexto que afronta el país. Que se pueda hallar un punto de equilibrio que permita consensuar en base a las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, optando por lo que sea urgente y prioritario y dejando para lo que resta del año legislativo discusiones metodológicas e ideológicas que seguramente exceden el rigor de debate que la emergencia impone.
Ante una oposición drástica, hermética, como la que demuestran los legisladores que representan al espacio político que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado, y con un oficialismo muy reducido en número de bancas propias, se imponen los consensos que supo lograr, no sin dificultades, verdaderamente, el Ejecutivo con el apoyo de sus funcionarios más propensos al diálogo y la concreción de acuerdos. Esa es la base republicana que deben aceptar las partes en pugna para que la Argentina deje de lado, de una buena vez, rencillas estériles.
