La suspensión de convocatorias a realizar investigaciones en el área del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) traerá consecuencias en muchas áreas, una de las cuales podría ser una nueva fuga de jóvenes investigadores.
Según todas las evidencias surgidas de los despachos del Poder Ejecutivo nacional, no se abrirán cargos ni se harán asignaciones de dinero para nuevas investigaciones y se cortarán becas a representantes de varios sectores de la ciencia y la tecnología por “falta de fondos”.
Para el director del Conicet de Santa Fe, biólogo Carlos Ignacio Piña, la situación planteada “es el fin del sistema científico argentino”.
En una reciente reunión con representantes del área científica del Consejo Interuniversitario Nacional, Alicia Caballero, presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, reveló que no se abrirán nuevos llamados para proyectos de investigaciones científicas durante todo 2024 por falta de recursos económicos.
El anuncio de la funcionaria significa que no se financiarán nuevas investigaciones en áreas cruciales como la salud, tecnologías emergentes, educación, energía o producción.
En la práctica, trabajos que tienen un desarrollo importante pero que no están terminados, corren el riesgo de ser abandonados y los esfuerzos previos para llevarlos a cabo, se perderán irremediablemente.
Pensemos cómo una situación de esta naturaleza puede afectar a los nueve institutos que conforman el Centro Científico Tecnológico-Conicet Mendoza.
Son áreas de generación de conocimiento científico y tecnológico de relevancia, con una aplicación y transferencia comprobable de logros a la sociedad. Algunas de estas unidades son muy conocidas por el público porque generan resultados que llegan a la vida de los ciudadanos, como Iadiza (zonas áridas), Ianigla (nieve, glaciares y ambiente) e Incihusa (ciencias humanas, sociales y ambientales). Los restantes grupos son: IBAM (aspectos bioquímicos y genéticos de los agroalimentos), ICB (interdisciplinario de ciencias básicas), Idevea (estudios arqueológicos y paleontológicos), IHEM (investigaciones biomédicas), Imbecu (medicina y biología experimental) e Inahe (ambiente, hábitat y energía).
Los Andes describió en una nota publicada el viernes 2 de agosto, “Recortes a la ciencia…”, las vicisitudes de investigadoras frente al freno o limitación a su dedicación profesional.
Dar clases en universidades o colegios es una posibilidad, pero también la es marcharse a buscar trabajo en otros países. Partirán tras haberse formado y capacitado en la Argentina, en instituciones públicas, condición que servirá a los proyectos de otras latitudes.
Este aspecto -el de irse- lo plantea el inmunólogo e investigador superior del Conicet, Jorge Geffner, quien advierte sobre la fuga de cerebros.
“Asistimos a un proceso de ajuste y destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas que no tiene precedentes desde la recuperación de la vida democrática en el país. La paralización de la inversión en proyectos de investigación, la pauperización de los salarios del sector y, en muchos casos, la precariedad laboral del personal ha iniciado un proceso de éxodo masivo de investigadores jóvenes y pérdida de personal de apoyo y administrativo”.
Los primeros beneficiados podrían ser los países vecinos, sin descartar, por supuesto, los siempre posibles caminos hacia Estados Unidos y Europa.
Este desbalance de la investigación científica nacional tiene que ser revisado y así como se han aceptado por procedentes algunas restricciones y recortes en el Estado, el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología no corre con similar aceptación y debe finalizar. De otra forma, en poco tiempo el país sentirá las consecuencias de una política que dio la espalda a los estudios y aplicaciones de cientos de científicos, que tienen transferencia a la vida cotidiana de los ciudadanos.
