Los efectos de la pandemia soportada este año no pueden quedar de lado cuando se realiza la evaluación de una gestión de gobierno. Rodolfo Suárez acaba de cumplir sus primeros doce meses al frente del Poder Ejecutivo de Mendoza sorteando con altura los embates, por momentos cambiantes, del virus y logrando mantener el sistema de salud por momentos al límite, pero sin desbordes traumáticos.
Todo gobernante debe estar preparado para la emergencia. Con más razón en esta región, expuesta a sacudones telúricos, aluviones y tormentas capaces de destruir en minutos el esfuerzo de un año de producción en el campo.
Pero lo ocurrido en este crítico 2020 excedió toda previsibilidad y, de ese modo, todos los mandatarios del mundo, en todos sus niveles, fueron sorprendidos por una ola de contagios impensada para estos tiempos.
En ese contexto, hay que destacar que el gobernador Suárez supo amoldarse a las circunstancias y se destacó por su espontánea sintonía con la Nación para llevar a cabo una tarea de prevención y concientización de la ciudadanía sobre los alcances del Covid 19. Su pertenencia partidaria, no coincidente con la del Ejecutivo nacional, le otorgó más mérito a su actitud. Sin embargo, ante la prolongada cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, fue el primer mandatario de una provincia “grande” en reclamar, con bastante aceptación, la paulatina reapertura de actividades económicas, debidamente encuadradas en protocolos de funcionamiento, de modo de evitar que la inacción dañara aún más a Mendoza y sus habitantes.
Sin perder de vista la emergencia, el gobierno local logró el aval legislativo para propuestas como Mendoza Activa, que apunta a hacer más llevaderos los efectos de la pandemia en los distintos sectores productivos, de industria y comercio, entre otros, o el paquete de medidas conocido como industria del conocimiento, que le otorga excelentes perspectivas a Mendoza de cara al mundo venidero. Y el recientemente lanzado Consejo Económico y Social es una apuesta de gran envergadura porque ese organismo, que debe trascender en el tiempo más allá de mandatos constitucionales periódicos, tendría que generar ideas que ayuden a la dirigencia política a encaminar la Mendoza del futuro. La reacción de la ciudadanía ante el intento de modificación de la ley minera provincial no sólo fue un traspié inicial no esperado para el gobierno local, sino la confirmación de que los mendocinos necesitan un sinceramiento y un nivel de debate que hoy parecen no existir.
Quedaron postergados para el próximo año, según la expectativa del Gobierno, debates muy profundos y ambiciosos, como el de la reforma institucional y una nueva legislación educativa. Hubo, posiblemente, mucha ansiedad desde el poder para un abordaje que necesitaba estar alejado de las urgencias de este fatídico año.
El desafío hacia adelante es grande para el gobierno de Suárez. Mendoza lleva más de una década sin poder crear empleo genuino en el sector privado y el desempleo por los efectos de la pandemia creció y enciende alertas. La pobreza y la marginalidad también afectan; es un problema endémico a nivel país, es verdad, pero del cual nadie en esta provincia debe desentenderse.
Es de esperar que el estilo de consenso y diálogo pregonado por Suárez encuentre el eco dirigencial necesario, para que los mendocinos recuperen la calidad institucional que lleva al bienestar general.
