Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia argentina, el presidente de la Nación firmará, en Tucumán, con la mayoría de los gobernadores de las provincias el denominado Pacto de Mayo.
Se trata de un acuerdo entre el gobierno nacional, las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el propósito de instalar normas de gobernabilidad y responsabilidad en la administración del Estado, que debía ser suscripto el 25 de mayo pasado, pero quedó pendiente y condicionado a la aprobación legislativa de la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, línea troncal para las reformas que pretende implementar la actual administración del país.
Los puntos del compromiso que asumirán la Nación y las provincias con la firma del postergado acuerdo expresan, a no dudarlo, un cúmulo de medidas ideales para un Estado que pretende sanearse desde sus propias raíces. Estos son: “la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron; la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.
Esta iniciativa, que puede llegar a ser respaldada por ex presidentes de la Nación, dirigentes políticos, magistrados y diplomáticos que concurran a Tucumán en respuesta a la invitación oficial, debería marcar un nuevo rumbo para el país, que indudablemente se ha visto encerrado en las últimas décadas por políticas de coyuntura y en muchos casos de corte populista que sólo condujeron a la aplicación de meros paliativos de corte económico y social que se fueron acomodando en el tiempo y produjeron el deterioro económico y social que los argentinos padecen en estos tiempos.
El acuerdo que impulsa el gobierno nacional ha tenido la virtud de incorporar la necesidad de mejorar el sistema educativo en la Argentina, punto que no estaba previsto en la propuesta original pero que, al sumarse al pacto a firmar, recoge la inquietud hecha pública por sectores de la comunidad que reclamaban el tratamiento que ahora tendrá la educación, que transita con niveles paupérrimos desde hace años y que, junto con la pobreza, colocan a la Argentina en una posición incómoda entre las naciones de la región.
También resulta pertinente que la Nación y las provincias acuerden una nueva coparticipación federal de impuestos, mandato dado por la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 que la política nunca acató dando lugar al manejo discrecional de recursos que ahora se pretende frenar con absoluta sensatez.
Por lo tanto, los argentinos deben desear que el compromiso a firmarse en Tucumán sea el comienzo de un camino hacia el ordenamiento general del país y no una nueva expresión de deseos a diluirse con el tiempo.
