Una de las probabilidades para recuperar la producción y la actividad económica en nuestro podría surgir, entre un abanico más grande de medidas, de la promoción por parte del Estado de la conformación de colonias agrícolas de distinta índole, según las características de las zonas en las que se decidiera emplazarlas.
Esta propuesta no es original: el crecimiento de Argentina en los comienzos del siglo XX se basó en este tipo de emprendimientos, que pueden encararse bajo la forma de cooperativas. Así se desarrollaron las cooperativas de trabajo, tal vez dominantes en materia nacional, y las agropecuarias, seguros y viviendas, y en menor grado las de consumo, crédito y provisión.
La pandemia del Covid-19 nos demuestra la inconveniencia de las grandes aglomeraciones urbanas, por lo que se podría impulsar las granjas agrícolas, ofreciendo la adhesión al proyecto de las familias que hoy sobreviven habitando en las inhumanas condiciones de asentamientos precarios de todo el país, situación que no escapa a la realidad de Mendoza porque hay más de 200 de estas unidades de hábitat de pobrísimas condiciones de infraestructura y salubridad. En tal sentido, no debieran estar exentos de poder participar en estos proyectos agrícolas muchos ciudadanos de las urbes formales por haber perdido sus trabajos, o por vocación.
Es conocido que el pequeño Estado de Israel, que cuenta con escasos recursos naturales, creció también en el siglo XX por medio de este tipo de emprendimientos. Muchas granjas (kibutz) se complementaron con actividades turísticas, ofreciendo a quienes visitan el país la posibilidad de convivir unos días con las actividades agrícolas en esos sitios.
En caso de concretarse esta propuesta, el Estado tendría que adquirir terrenos aptos para ser cultivados, o utilizar los que fueren parte de su patrimonio (terrenos fiscales) y programar la dotación a las familias que acepten el reto de transformarse en productores, de servicios esenciales de infraestructura: agua, saneamiento, electricidad, conectividad satelital, y equipamiento de escuelas, salas de primeros auxilios y administración primaria, usando tecnologías de las energías no convencionales.
Asimismo con buenas vías y medios de comunicación con centros urbanos intermedios, donde los jóvenes puedan continuar con sus estudios, y las familias tener la posibilidad de atención hospitalaria y disponer de otras prestaciones que exige la vida moderna.
En la década de 1970 el Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (IPV), donde actuaron profesionales de la arquitectura y la militancia social, ejecutó un interesante programa, denominado Centros de Servicios Rurales, que promovió la permanencia de las familias radicadas en zonas rurales de la provincia. Este plan contó con el apoyo económico de la Secretaría de Vivienda de la Nación. La indicada acción de gobierno consistió en la construcción de unidades habitacionales básicas, establecimientos de educación, de nivel inicial, y centros de salud en distritos departamentales, dotándolos de los servicios básicos para el confort de los habitantes.
Se estima que la promoción de las propuestas granjas agrícolas ayudarían a un mejor vivir de muchas familias argentinas, a un desarrollo territorial equilibrado y económicamente beneficioso para el país.
