Un informe firmado por decenas de investigadoras e investigadores argentinos, publicado en la revista internacional “Biological Conservation” (Conservación Biológica), alerta sobre las consecuencias en términos de sostenibilidad ambiental y bienestar humano que supone la no adhesión del Gobierno nacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)y al Pacto para el Futuro acordados por la mayoría de los países de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 143 en total.
Los científicos -entre ellos representantes de Mendoza vinculados al Iadiza piden que la administración central revea su posición sobre el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza.
Hay que recordar que el presidente Javier Milei en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado, rechazó el Pacto para el Futuro y la Agenda 2030, que es un marco global integral que procura el desarrollo sostenible.
“Este posicionamiento, anclado en el conocimiento científico, tiene como objetivo guiar a tomadores de decisiones, académicos, empresas y la sociedad civil hacia una visión compartida y metas que vinculan sociedad y naturaleza, como la reducción de la pobreza, la mitigación del cambio climático, la planificación de tierras y océanos, y la justicia”, sostienen los firmantes de la declaración publicada.
El tema puesto a consideración abarca a todas las regiones del país, pero ponemos el acento en la región cuyana, a la que pertenecemos, y donde la conservación de la biodiversidad requiere no sólo de áreas protegidas, sino de la participación comunitaria en el marco de una política ambiental que involucre a diversos sectores para el diseño de planes de manejo que sean sustentables y realizables, tanto en tierras privadas como públicas.
En el caso de Mendoza rescatamos la Reserva del Hombre y la Biósfera de Ñacuñán (Santa Rosa), un laboratorio natural y área protegida de alto valor por la biodiversidad e integración con el pueblo que forma parte de la misma. ¿Qué pasaría si pudiéramos trabajar integralmente en la llanura mendocina para conjugar biodiversidad, naturaleza para la gente y actividad económica? y evitar, o reducir o mitigar, el proceso de desertificación de nuestra ecorregión del Monte y sobre la cual la licenciada en Geografía Elena María Abraham viene demandando atención desde hace años.
Vale la pena recordar otro de los ejemplos más cercanos de los desastres socio-ambientales como fue la desaparición del cinturón de lagunas de Guanacache (Lavalle), donde el manejo sectorial llevó a la pérdida de biodiversidad y cultura huarpe de manera significativa (no obstante que en febrero de este año el agua del río Mendoza volvió a fluir en la zona después de más de diez años).
Honra recordar en este punto al antropólogo y exrector de la UNCuyo Luis Triviño, quien tanto hizo por plasmar en sus artículos la cultura huarpe de la zona de Lavalle.
Es claro que el tema ambiental requiere voluntad y autoridad política para plasmar una política ambiental integral orientada a la sustentabilidad de las tres dimensiones: social, naturaleza y económica.
También no hay que perder de vida otro de los desafíos existente en Mendoza y es el de las especies invasoras que en el caso de los mamíferos tenemos a liebres, conejo europeo, ardilla asiática y jabalíes, especies sobre las que se necesita trabajar en conjunto con la sociedad para el manejo, control y/o erradicación dado los impactos sobre la vegetación y fauna nativa.
