La crisis económica que soporta la Argentina comienza a repercutir seriamente en los servicios que paga y usa gran parte de la población.
Una lamentable realidad, porque, sin pretenderlo, los que se colocan en pie de guerra son sectores de la sociedad que, con derecho a reclamar, son coincidentes partícipes del descalabro al que ha conducido el actual gobierno.
Uno de los sectores más afectados es el de la salud, en general, tanto pública como privada. Sus representantes se sumaron en los últimos días al reclamo generalizado de un empresariado abrumado y preocupado por el turbulento itinerario elegido por la conducción económica.
Las condiciones impositivas y la limitación en los permisos para operar en el campo de las importaciones, por el dificultoso acceso al dólar oficial, profundiza el cepo a las compras en el exterior, objetivo primordial para una eficiente cobertura en materia de salud. No hay mayores alternativas en el plano nacional, ya que gran parte de los insumos y la materia prima que se utiliza se compran en China y otros países asiáticos, además de Estados Unidos.
De acuerdo con lo expresado con insistencia por los directivos de clínicas y hospitales privados, la adquisición de insumos esenciales se ha vuelto día a día más compleja. Los proveedores acortan los plazos para el pago de dichos materiales mientras las obras sociales, que financian, pagan con atraso a los prestadores.
Por otra parte, la inflación imparable que soporta la Argentina agrava el cuadro, ya que a las restricciones ya citadas (cepo) se suma el galopante incremento de precios, que hace prácticamente imposible presupuestar en el corto y mediano plazo en virtud de las variaciones cada vez más frecuente.
Que no resulte extraño, por lo tanto, que se advierta un importante faltante de medicamentos e insumos en los centros asistenciales en general, dando paso a demoras en determinadas prácticas programadas.
A dicha situación se le agrega el creciente conflicto por el cobro de las prestaciones que realizan médicos que atienden a pacientes afiliados a obras sociales o firmas de medicina prepaga. Una situación puntual del problema generalizado en el área de la salud que ha tenido fuerte repercusión en nuestra provincia.
Los profesionales de la salud aducen que la lentitud en el pago de las prestaciones a afiliados o usuarios de obras sociales y prepagas los obliga a cobrar en el acto una determinada suma de dinero que les garantice una lógica percepción a tiempo de sus honorarios profesionales. No se puede objetar dicho procedimiento, más allá de que las entidades a cargo de la cobertura también tengan sus válidos argumentos en base al descalabro ya apuntado en el manejo de la economía.
El cuadro de situación es muy delicado. Es indispensable que las autoridades tomen nota y traten de aportar a la búsqueda de soluciones. Seguramente, la crisis reinante conducirá a un elevado número de pacientes a buscar atención en el sector público, ya desbordado y obligado a priorizar la cobertura de quienes por distintas razones se hallan fuera de la atención privada.
Una razonable atención de la salud, en todos sus niveles, es una de las prioridades que el Estado debe priorizar.
