La sociedad ansía que la dirigencia política coopere para encontrar soluciones a nuestros problemas. Los legisladores debieran dar el ejemplo. Sin embargo, el Parlamento aún no realizó este año sesiones extraordinarias.
La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso va camino a naufragar porque el oficialismo no se muestra en condiciones de retomar la actividad parlamentaria.
El Gobierno, recordemos, seleccionó 18 temas, entre los que se destaca, por ejemplo, la reorganización del Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, además de establecer la inconstitucionalidad de la ley vigente, fijó una fecha límite para que los poderes políticos resolvieran el tema (abril).
El proyecto oficial ingresó por el Senado. Pero todo parece indicar que no habrá actividad en esa cámara hasta fin de mes. Por lo tanto, es probable que cuando concluya febrero, el Senado apenas haya realizado la sesión preparatoria en la que se eligen sus autoridades. Y, como es norma, el 1 de marzo el Presidente inaugurará el ciclo legislativo ordinario.
En Diputados, la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista se salvó en teoría con el nombramiento de Germán Martínez en su lugar. Pero todavía no ha podido agendar una reunión de todo el bloque para acordar las mínimas pautas de funcionamiento que se negociarán con la oposición.
Porque el principio de la actividad legislativa no se ubica en el recinto de sesiones sino en el análisis que las comisiones realizan de los proyectos que adquieren estado parlamentario, lo que vale para las dos cámaras.
Cada comisión, en Senado y Diputados, debe elegir tanto sus autoridades como sus miembros, tarea que este año demandará un consenso muy bien tramado entre las 2 bancadas mayoritarias, que están virtualmente empatadas: el Frente de Todos tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio, 116; el Frente de Todos tiene 35 senadores y Juntos por el Cambio, 33.
Los reglamentos señalan que el reparto de las presidencias de las comisiones, así como su integración, deben respetar la proporcionalidad de las bancadas.
En otras palabras, oficialismo y oposición debieran distribuirse las presidencias de las comisiones en igualdad de condiciones, e incluso aceptar que en casi todas ellas tengan la misma cantidad de representantes.
¿Cederá el oficialismo el manejo de algunas de las comisiones consideradas más importantes, algo que la oposición demandará con todo derecho, en función del virtual empate? ¿Usarán estas discusiones para acercar posiciones y dinamizar la tarea legislativa, en vista de las necesidades políticas del Gobierno? A la cuestión de la Magistratura tenemos que agregar el final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que debiera alcanzarse en los primeros días del mes próximo.
¿O, por el contrario, el oficialismo, empantanado por su interna, teatralizará una distancia que legislativamente no es tal, para poner en escena, una vez más, el recurso de la grieta y acusar a la oposición de trabar el funcionamiento del Congreso?
El año pasado, el Congreso casi no sesionó por estas dos razones. ¿Se repetirá la situación? La sociedad ansía que la dirigencia política coopere para encontrar las soluciones a nuestros problemas. Los legisladores debieran dar el ejemplo.
