Los organismos multinacionales que se ocupan en seguir de cerca la problemática de la niñez en el mundo nos refrescan la memoria de manera periódica acerca de cómo valoramos los argentinos las irrebatibles estadísticas.
Es habitual, sin embargo, que, ante realidades adversas (en este caso, los avatares de la infancia), el Estado haga poco y nada. Un Estado, entendido en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes del maltrato y de la pobreza traducida en una deficiente alimentación que, en situaciones extremas, llega a la desnutrición.
Frente a ello, la política y los políticos gastan fortunas en campañas en vías de posicionarse como precandidatos de cara al fárrago electoral de 2023.
Es factible que la gente no se concentre en estos movimientos anclados en la trenza partidaria.
Y es probable, asimismo, que gobernantes y aspirantes a futuros representantes del pueblo ni se enteren de los reportes sobre la niñez sumergida en los fondos de un sistema social y económico perverso para su desarrollo.
La política bien ejercida es uno de los sostenes de la democracia.
Y la atención a los excluidos y desprotegidos es una obligación.
Para enfocarnos en el condenable maltrato infantil, es oportuno remitirnos a un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), cuyo contenido fue recientemente divulgado públicamente por diversos medios.
La portada del informe es estremecedora: seis de cada 10 niños y niñas de entre 1 y 14 años experimentan prácticas violentas de crianza.
Ocurre en el mundo, y de hecho en la Argentina, a manos de personas adultas que en el entorno familiar recurren a la mano dura como método deleznable en perjuicio de una criatura que cargará con las secuelas en su futuro desarrollo.
La propia frustración descargada en menores indefensos.
Gritos, humillaciones y golpes conforman, como señala Unicef, un contexto de inequívoca trascendencia humanitaria.
A escala global, la estadística desborda escepticismo: una encuesta realizada en 2019 y en 2020 y una consulta posterior a 1.500 adolescentes determinó que un 40 por ciento de ellos admitió haber sufrido su primer hecho de violencia doméstica entre los 6 y los 13 años. No se pueden omitir, además, los episodios de abuso sexual intrafamiliares.
Si no se moderan ciertas conductas desamoradas, es de inferir que estos atropellos seguirán sin medida ni control.
Por fortuna, existen herramientas para denunciar episodios de maltrato infantil; por caso, a través de la línea 102, un servicio gratuito y confidencial en la atención de los derechos de la infancia. También, Unicef lanzó la campaña #QueGaneElBuenTrato.
Son emprendimientos que tendrán que ser acompañados por un control estricto de los organismos nacionales y provinciales con injerencia en esta acuciante problemática.
El maltrato infantil tiene muchas caras y características. Es tiempo de erradicarlo definitivamente. Es un deber de los adultos en el seno familiar y de los líderes políticos como factor irrenunciable de control. Alguien tiene que hacer algo.
