La crisis que atraviesa el sistema de salud viene sumando capítulos aciagos desde hace meses. Y nada parece por ahora encaminado a dar una solución general y definitiva al conflicto.
Lo que queda claro y es materia recurrente reside en que son los pacientes los que sufren las consecuencias de estos problemas, ya no sólo por la módica prestación médica, sino también por el desmesurado incremento de los medicamentos.
No se puede escindir la atención sanitaria pública y privada –cualquiera sea su complejidad– de los remedios que prescriben los profesionales según las diversas patologías. Todo engloba un ordenamiento cuyo fin es el tratamiento de las enfermedades.
Sin embargo, la insondable crisis económica que golpea a los argentinos, y que repercute en los rubros más elementales de la vida cotidiana, se potencia por la ausencia del Estado nacional, enfrascado en la desregulación sistemática de bienes y servicios, lo cual habilita a la extendida cadena de formadores de precios a sobrepasar límites asociados a la ética y a la solidaridad.
No es una rareza (aunque sí un dato preocupante) que en una crisis de largo alcance se profundice el uso de psicofármacos.
Y, como resultado del libre mercado, tampoco es casual que los ansiolíticos y los antidepresivos (entre otras líneas referidas con la salud mental) aumentaran un 57,7% en un mes.Todo parece dirimirse en la oferta y la demanda, con el Estado en retirada.
Lo grave del asunto radica en que hay medicamentos de consumo extendido que no se los puede dejar de consumir.
Si un paciente de módicos recursos económicos abandona su receta por razones de precio, es angustiante; pero, peor aún, puede desencadenar problemas sanitarios.
Una situación que afecta a mucha gente que no cuenta con una obra social sindical o prepaga.
Arrimarse al mostrador de una farmacia abruma. Un producto de mediana complejidad activa por 30 cápsulas –y según precio de lista sin descuento– puede orillar los $ 25 mil. En resumen, algo más de $ 800 por pastilla. Una brutal perplejidad.
Referentes de los sectores sanitario y farmacéutico advierten que la desregulación de la salud y la ausencia completa del Estado en la conformación de estos precios esenciales llegan a dificultar el acceso de la población a los servicios sanitarios básicos.
Es decir, otro derecho consagrado universalmente conculcado, a veces por empresarios que no trepidan en remarcar precios con el verso de no perder, cuando, en rigor, lo hacen para ganar más.
El Estado debe velar por la salud pública, como también enterarse de que muchos argentinos vulnerados no pueden pagar su medicación.
