Luego de seis meses de arduas negociaciones políticas, la sanción definitiva de la denominada ley de Bases le permitirá al Poder Ejecutivo avanzar con las principales medidas que prometió Javier Milei en campaña y que recibieron un claro respaldo en las urnas.
Obviamente, y como ya hemos indicado en este espacio de opinión, en democracia le corresponde al Congreso habilitar un plan de gestión y luego controlarlo. La primera parte de esos pasos ya se dieron, aunque el abordaje de la ley que constituye la principal herramienta de gobierno de la actual administración haya demorado más de seis meses en virtud de los numerosos planteos que se efectuaron desde los sectores políticos dispuestos a dialogar y apoyar, como finalmente ocurrió. Pocas veces un espacio oficialista con tan poca presencia en las bancas obtuvo el respaldo logrado en este caso por el sector libertario.
Desde aquella muy amplia propuesta original del Poder Ejecutivo a la reciente aprobación definitiva, con una versión mucho más acotada, transcurrieron arduas jornadas hasta llegar a una conclusión que prácticamente no altera el espíritu de la iniciativa original, que tiene como punto esencial una ambiciosa y postergada en el tiempo reforma del Estado.
También vale reiterar que detrás de la ley de Bases seguramente el Ejecutivo se verá obligado a plantear ante el Parlamento la derogación de un considerable número de leyes que son actualmente inadecuadas por el paso del tiempo y hasta dificultosas para el funcionamiento de la administración en virtud de su obsolescencia. En la práctica, un aspecto complementario para la legislación principal en cuestión.
Y así como es totalmente necesario que el gobierno instalado hace ya seis meses tenga aprobado su amplio plan de acción, también se requiere de las cámaras legislativas nacionales poder dedicarse a otras propuestas de interés para la sociedad, tanto provenientes del Ejecutivo como de los propios legisladores. Por ello, el paso dado en el Congreso es tan auspicioso.
En ese sentido es pertinente remarcar que la Argentina viene afectada desde hace muchos años por la falta de inversión, con su consecuente caída de empleo privado. Como resultado de lo apuntado, el crecimiento del trabajo informal llegó a porcentajes que prácticamente emparejan a la formalidad laboral.
Por ello, difícilmente la Argentina encuentre la salida esperada si no se llevan a cabo cambios estructurales necesarios, pero por años demorados por los intereses corporativos que han venido impidiendo su concreción.
No resurgirá el país si de una buena vez no se reducen el gasto público y la presión fiscal y si, por añadidura, no se eliminan regímenes que impiden llegar a un adecuado nivel de competitividad en la actividad privada.
Insistiendo con la coyuntura que nos ocupa, siempre se debe exigir de la dirigencia política argentina resuelva sus diferencias y cambios en el marco del disenso que impone el sistema democrático elegido hace décadas. Los graves incidentes producidos en las inmediaciones del Congreso en oportunidad del debate del plan de acción del Gobierno en el Senado marcaron el colmo de la intolerancia por parte de sectores reaccionarios y nada proclives a las normas de debate democrático. Afortunadamente, tan lamentables escenas no se repitieron este jueves en la sesión definitoria.
Para concluir: el juego quedó del lado del Gobierno, que ahora sí tiene en sus manos los elementos para poner en marcha un plan de acción que seguramente requerirá esfuerzo por parte de una sociedad que, pese a todo, espera soluciones.
