La reciente Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) incluyó la lectura del informe semestral sobre libertad de prensa. El documento constituye, en sí mismo, una fuerte crítica al recurrente discurso del presidente Javier Milei en contra del periodismo profesional.
Para Adepa, “la propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático”. Entre otros términos descalificantes, Milei ha tratado a los periodistas de “ensobrados” y “pauteros”, como si sus opiniones estuviesen determinadas por dineros espurios que reciben por debajo de la mesa o, en su defecto, como una manera de presionar al Gobierno para que reponga la pauta publicitaria que decidió suspender.
Esos mismos términos o insultos parecidos, en no pocas ocasiones, han apuntado a algunos medios, a cuyos principales directivos ha nombrado de manera directa o indirecta.
Esta es la forma elegida estratégicamente por el Presidente para responder a quienes critican sus decisiones políticas. Por supuesto, Milei o cualquier otro funcionario tiene derecho a debatir el contenido de una columna de opinión o de una investigación periodística. Pero el oficialismo no intenta refutar lo que se dice sobre sus políticas sino desprestigiar a sus autores. Y en ese dispositivo, las redes sociales son el medio elegido para hacer correr y repetir al infinito el insulto y/o la humillación de turno.
El documento de Adepa, al abordar esta dinámica, por un lado, reflexiona: “El terreno de la ofensa es el espacio fronterizo que separa a una comunidad armónica de un grupo humano en el que impera la ley de la selva”.
Por otro, advierte sobre las inquietantes consecuencias que provoca la reproducción serial del discurso presidencial y sus ramificaciones: “Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así hendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”.
El documento también evalúa como motivo de preocupación el reciente decreto presidencial que restringe el acceso a la información pública, una medida que se ubica “a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia”. De nuevo, todo funcionario tiene derecho a resguardar su intimidad y su vida privada. Pero no puede hacerlo al amparo de un secretismo que le impida a la sociedad informarse sobre diferentes aspectos inherentes a la función que ocupa.
Con este accionar, Milei no hace otra cosa que dañar la institucionalidad democrática. Desde los albores del parlamentarismo británico a comienzos del 1700, hasta nuestros días, la función social de la prensa ha sido informar a la sociedad sobre las decisiones gubernamentales y tratar de explicarlas, antes de juzgarlas como positivas o negativas.
La conjugación de la libertad de prensa con la libertad de expresión hace posible, entonces, que convivan distintos medios con diferentes visiones.
Ningún gobierno tiene derecho a pervertir ese esquema básico, de clara raíz liberal, por medio del agravio. Al contrario, está obligado a respetarlo y a participar en él con argumentos que le permitan obtener cierto consenso en la opinión pública.
