Luego de una suerte de forzado autoexilio, la reaparición pública en la marcha universitaria de referentes políticos y sociales que hasta hace meses marcaban la cancha de la política argentina, lejos de sumarle a la causa de la educación pública resultó una “mochila de plomo” para quienes pugnan por garantizar el financiamiento de las universidades en 2025.
La irrupción de Sergio Massa, Horacio Larreta, Pablo Moyano, entre otros, camuflados en la multitud y a la vez “protegidos” por ella, no hizo más que dejarle servido al presidente Milei la posibilidad de mezclar todo (un modus operandi de su praxis presidencial) y desvirtuar el reclamo esencial de la comunidad universitaria.
Las cifras de las masivas marchas en todo el país no torcieron la voluntad de vetar por completo “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales (sic)”, la ley que había sancionado el Congreso de la Nación. Es más, ante su gabinete el mandatario ratificó que (pese al resonante reclamo) “no nos van a mover ni un milímetro”.
Su innegociable meta del equilibrio fiscal sigue primando por encima de cualquier demanda social, aunque esta sea algo tan esencial como la educación. La reducción de todo a un férreo arqueo de caja deja nulo espacio a todo tipo de reclamo, planteo o propuesta. En la vereda de enfrente, lejos de enviar una señal de sensatez y, sobre todo, aportar propuestas superadoras, la clase política acata con gestos vergonzantes a la hora de levantar la mano o sobreactuar, como hicieron excandidatos, referentes sindicales o la expresidenta Cristina Fernández saludando desde un balcón.
Para Milei, ahora la madre de las batallas será lograr la ratificación del veto presidencial, tal como hizo con el frustrado aumento a los jubilados. Las señales desde la oposición muestran un claro apuro por avanzar en una sesión especial confiados en que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para sostener la decisión de Milei. La UCR, el kirchnerismo, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los partidos provinciales ya pidieron una sesión especial.
Esto, traducido en números, impediría al Gobierno conseguir el tercio para hacer caer la defensa del financiamiento universitario. En caso de que el veto no prospere, el plan libertario es actuar en consecuencia trabando el giro del dinero a las unidades académicas de todo el país por considerar ilegal un aumento sin especificar los fondos.
En un primer sondeo, los diputados mendocinos que levantarán su mano a favor del veto son los tres legisladores por la LLA (Llano, Martínez y Correa Llano), en tanto que los tres del PJ (Bermejo, Paponet y Aveiro) y el radical Julio Cobos irán por el rechazo.
Mientras que los otros radicales (Nieri y Verasay) y la exlibertaria Lourdes Arrieta aún no definieron, al menos públicamente, su voto. Una vez más el foco está puesto en la puja de los votos cuando debería estarlo en la educación como base y destino de todo lo demás. Invertir en ella, léase en nuestro futuro, representa una inversión no un gasto que pone en riesgo las castigadas arcas del país.
El cambio como bandera con el que Milei llegó al poder implicaba, qué duda cabe, poner en caja los fondos públicos luego de décadas de desmanejos y despilfarros de toda laya. Esto no excluye, por supuesto, gestionar en forma eficiente los recursos de los contribuyentes destinados al presupuesto de las universidades estatales.
