Según el análisis de las cuentas públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el Gobierno nacional alcanzó el superávit fiscal en enero a costa de, fundamentalmente, reducir las erogaciones vinculadas con tres áreas sensibles: los programas sociales, en casi un 60%; las jubilaciones y pensiones, en un 32,5%, y el personal estatal, en un 18%.
Se trata, como es lógico, de vías de ajuste que no son sostenibles en el mediano plazo, ya que causan un empobrecimiento generalizado de la sociedad, alientan el conflicto en la siempre latente puja distributiva y negativizan el humor social.
Por supuesto, no se puede soslayar que el problema no es nuevo. Más allá de la constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en los últimos seis años –si tomamos como punto de partida la crisis económico-financiera que ocurrió a mediados de la gestión de Mauricio Macri–, la nueva disparada de la inflación ha afectado particularmente a los jubilados.
Los estudios comparados que elaboran los especialistas, si bien suelen ser de lectura compleja, advierten de manera ejemplar la gravedad del problema. Una vez que se elimina la inflación por ser una variable fluctuante y se equiparan los haberes percibidos a valores de diciembre de 2023, la jubilación mínima del mes de febrero quedaría por debajo de la de 2002, que fue la menor de la serie desde la salida de la convertibilidad.
Nada permite afirmar que el deterioro de las jubilaciones se detendrá de inmediato. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno tiene la intención de compensar a los jubilados “de la mejor manera posible”. Pero una afirmación tan vaga requiere de precisiones que no fueron informadas.
La jubilación del trimestre diciembre-febrero tiene que lidiar contra la nueva disparada inflacionaria. Si sumamos diciembre y enero, el acumulado supera el 50%. Si la inflación de febrero rondara el 15%, el resultado final del trimestre se aproximará al 75%. Sin embargo, los cálculos indican que el reajuste jubilatorio de marzo, en función de la fórmula vigente, no sería superior al 29,5%.
Cada vez que el porcentaje que arroja la fórmula se ubica por debajo de la inflación, el poder adquisitivo de los jubilados se sigue deteriorando. Para colmo de males, la gestión de Alberto Fernández recurrió en varias oportunidades a la asignación de bonos complementarios para las jubilaciones mínimas, otorgados por un período determinado y no computados como un aumento del haber. Eso implica que, en la práctica, cuando expira el plazo de los bonos, los jubilados cobran menos que en los meses previos.
Un problema conexo es la negativa del Gobierno a fijar un nuevo monto para el salario mínimo, vital y móvil, que también está en los valores más bajos desde 2003 y que se toma como referencia para fijar el monto de varios planes sociales y el haber bruto de la jubilación mínima, que no puede ser inferior al 82% del salario mínimo.
En consecuencia, el Gobierno debe entender que su loable objetivo de equilibrar las cuentas públicas, si se alcanza por estos medios, pierde todo sentido.
