Una de las prioridades del gobierno de Mendoza es mejorar la penosa realidad de los asentamientos precarios del Gran Mendoza y otras partes del territorio, donde miles de mendocinos y mendocinas viven en condiciones lamentables.
No desconocemos la situación económica financiera que se atraviesa, pero el esfuerzo por cambiar la existencia de habitantes que residen en pésimas condiciones, se tiene que encarar en el menor tiempo posible.
En el marco de la Ley 9.428, recientemente reglamentada en Mendoza, se conformó el Comité Provincial para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares, y se designó a sus integrantes, miembros de la Legislatura, funcionarios del Poder Ejecutivo y representes de las comunidades residentes en los núcleos urbanos a mejorar.
Se espera que estos funcionarios ejerzan rápidamente los mandatos correspondientes y se dé respuesta a las urgencias que requiere el tratamiento de villas y asentamientos carentes de servicios esenciales, como luz, agua, cloacas, y el asfalto. Se trata de unidades tan precarias que se caen o sufren daños ante fenómenos de vientos de mediana intensidad o temporales de lluvia.
A la constitución del “Comité de Barrios Populares” de Mendoza, cuyo proceso se inició con la sanción de la ley 9.428, en 2022, se añadió la adhesión a la norma nacional 27.453, al crear el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y disponer de medidas para la integración socio urbana de más de cinco mil barrios precarios en el país.
Los recursos del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y de otra procedencia para atender a los barrios populares, se constituyen en inversiones de altísima utilidad inmediata en términos de salud, seguridad, educación y oferta laboral, constituyéndose en indicadores sociales ascendentes a priorizar en la formulación de los planes de desarrollo provincial.
El trabajo de poner en situación de habitabilidad los lugares marginales, es de gran aliento y requerirá de muchos e ingentes esfuerzos.
De acuerdo a la última actualización del Renabap, en Mendoza se registran oficialmente 360 barrios populares, superando en 13,56% a los relevados en 2022. La distribución por departamento presenta a Las Heras con el número más elevado, 48 barrios, seguido por Guaymallén, 44; Maipú, 43 y Luján de Cuyo, 42.
El panorama, como se ve, es altamente complicado y exige una rápida elaboración de diagnósticos de cada asentamiento y la presentación de planes de trabajo con destino a efectuar las intervenciones de estos conglomerados.
Aunque los apoyos de la Nación estén casi caídos en la actual coyuntura, se debe intentar coordinar acciones con organismos de otro origen, que puedan volcar auxilios económicos accesibles.
La mano de obra se podrá encontrar en los barrios y además intentará capacitar en el menor tiempo posible a jóvenes, quienes de esa forma accederán a un oficio.
Con prescindencia que los propios residentes de los barrios populares serán gestores de la integración urbana, el comité creado por la ley 9.428 podrá suscribir convenios de cooperación para encarar las obras. Están calificados para esa instancia ONGs y entidades de ayuda solidaria destinada al mejoramiento habitacional; cooperativas y mutuales de urbanismo y vivienda; entidades de microcrédito y empresas del sector privado en construcciones y producción de materiales.
Está abierta la instancia de mejorar paulatinamente estos lugares del Gran Mendoza y el resto del territorio, que ahora sobreviven con muchas privaciones y bajísimo nivel de vida.
La puesta en marcha de obras de mejoramiento de los barrios informales no debe demorarse y aunque insuman mucho tiempo de ejecución, en un plazo de dos a tres años debería apreciarse una mejora perceptible en el hábitat de muchos mendocinos y mendocinas, especialmente por los niños de esos de esos sectores, que son los más perjudicados por la situación.
