El gobierno provincial quiere preservar la flora y la fauna nativas en las áreas del piedemonte, sometidas a un uso desgastante y siempre en peligro de sufrir incendios, como los ocurridos en el cerro Gateado hace dos años, que ocasionaron daños de magnitud a la biodiversidad. La intención es que se permitan actividades deportivas y recreativas de bajo impacto.
En realidad, el Estado remitirá dos iniciativas a la Legislatura: por un lado, la Ley de Pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la precordillera y piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM); por el otro, la norma de creación de Área Natural Protegida (ANP) Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (ANP).
La reserva tendrá en total 76.000 hectáreas y abarcará la zona pedemontana que se encuentra entre el Cerro Arco (al norte), hasta la margen norte del río Mendoza, al sur.
Entre las medidas que tendrán un importante impacto se encuentra la expropiación de unas 15.000 has, lo que se presenta como un delicado problema por las urgencias que tiene el Estado en atender los múltiples requerimientos de la atención y gestión de acciones por la pandemia.
Un aspecto determinado de este emprendimiento es que, de convertirse en ley, no se podrían usar en el futuro senderos, huellas y ríos secos para hacer enduro (motociclismo).
Se sostiene que el objetivo de la ley, que servirá de base a un futuro Plan Especial de Piedemonte, no es de carácter punitivo sino preventivo. Se busca proveer a una ordenada y segura ocupación del piedemonte, algo que históricamente el Estado no logró regular o controlar y, por lo tanto, el problema tiene amenazas de distinto grado, principalmente aluvionales. La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial calcula que hay cerca de 5 mil familias viviendo en el área, algunas en potencial riesgo por habitar en cauces o laderas inestables.
Entonces, la pretensión es “sentar las bases para planificar integradamente, acordando áreas prioritarias para protección y uso recreativo y turístico, y otras, para desarrollo urbano adaptado a las características naturales del piedemonte”, dice el gobierno.
En los fundamentos del proyecto se detallan los objetivos principales, entre estos: proteger la flora nativa y su función ecosistémica como reguladora de escorrentía, de manera de asegurar el normal funcionamiento de las cuencas aluvionales presentes en el área. También, preservar los cauces aluvionales dentro de las cuencas presentes en el área protegida. Además, asegurar la conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales y modificados, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos.
Otra instancia a tener en cuenta es el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y turísticas sostenibles que se realicen sobre la base de buenas prácticas ambientales. Los enduristas, potenciales afectados por la medida, proponen abrir una ronda de diálogo para buscar acuerdos, pero reconociendo que el ambiente debe ser prioritario.
Especialistas en ordenamiento territorial y protección de la naturaleza, sostienen que cuidar el piedemonte es algo muy positivo, una instancia que marcaron investigadores en las décadas de los ’60 y ’70 del siglo XX, quienes reclamaban limitar el crecimiento de la ciudad de Mendoza hacia el Oeste y lo que también pregonan científicos en actividad.
A futuro habrá que conocer el Plan de Manejo, ya que un área es realmente protegida cuando se implementa el manejo y dicho plan debe ser un trabajo interdisciplinario y actualizable. Y ese plan deberá ser puesto a consideración de especialistas y de la comunidad en general, que pueden aportar y mucho. “Socializar el plan dejaría en claro la razón de expropiar ya que en áreas protegidas del mundo y de Mendoza, no se han realizado expropiaciones y se trabaja en conjunto con privados”, dijo un investigador consultado.
Por último, un punto preocupante es la superficie de la zona a proteger (76.000 hectáreas). Habrá que ver si la provincia tiene los recursos económicos necesarios para realizar un manejo efectivo de tan importante área, más aún al ser un sector protegido periurbano, que son los que sufren mayores presiones por las actividades de la población urbana.
Para resumir, la idea es buena pero surge la dificultad de gestionarlo correctamente con los recursos actuales del Estado provincial.
