La causa por la que se encuentra procesado el juez federal de Mendoza Walter Bento suma aportes que deberían encaminarla hacia su definición. Sin embargo, esa meta parece aún lejana en virtud de las lógicas estrategias de defensa en juicio y los pasos que debe dar el órgano a cargo del seguimiento de la conducta de los magistrados.
En los últimos días, la causa sumó el aporte de un procesado que, en el marco de la figura del “arrepentido”, aseguró haber pagado 80.000 dólares en vehículos y joyas de alta gama, siempre en la ruta de favores que involucra a Bento por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Debe recordarse que el caso conmocionó en su momento a los ámbitos políticos y judiciales nacional y provincial. No es menor que se inicie una causa contra un magistrado judicial por graves denuncias que lo sitúan como virtual líder de una trama delictiva de enorme envergadura.
El doctor Bento no sólo resistió a los cargos en su contra, sino que nunca mostró predisposición para apartarse de la función pública. A esto hay que sumar la lentitud y sospechas de connivencia partidaria en el Consejo de la Magistratura para decidir su eventual suspensión. Por otra parte, la figura de este juez adquiere mayor relevancia por su competencia electoral en nuestra provincia, función que tampoco dejó de lado en el último proceso democrático, más allá de los reclamos, incluso, de sectores de la comunidad no necesariamente vinculados con la justicia y la política.
Claramente, el caso Bento constituye un golpe más a la ya vapuleada justicia argentina. Es que denuncias como la que lo involucran sólo aportan al deterioro de la consideración ciudadana sobre el accionar judicial. Es un embate desestabilizante para la imagen de quienes tienen la misión de administrar justicia. Por todo ello urge que este proceso puntual, iniciado hace casi un año, siga su curso sin obstáculos y menos aún con presiones políticas o sectoriales.
La Argentina es un país en el que, lamentablemente, la corrupción está enquistada en muchos de sus cuadros dirigentes. Por ello el caso que nos ocupa debe tener un derrotero de investigación y sentencia en el que prime la claridad. Es la justicia investigándose a sí misma. Se debe saber sólo la verdad de lo sucedido a partir de las denuncias en contra de un juez, quien, a su vez, ejerce su legítima defensa. Es lo que corresponde.
Debe tenerse siempre presente que el sistema que nos rige les otorga a los poderes políticos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, la potestad de seleccionar y nombrar a los magistrados judiciales, en las diferentes jurisdicciones, de acuerdo a las propuestas que surgen del propio ámbito judicial. Esto nos señala que la dirigencia política es también responsable de que los jueces y fiscales lleguen a ocupar sus cargos en base a idoneidad y honestidad, de modo que en su trayectoria por los estrados nunca dejen de lado dichos valores.
