Inmerso en la investigación de casos de corrupción de los que se lo hace directamente responsable, Walter Bento fue destituido por el Consejo de la Magistratura como juez federal de Mendoza, quedando de inmediato detenido bajo la modalidad de prisión preventiva por disposición del Tribunal Oral Federal 2 de esta provincia.
La decisión mayoritaria de la Magistratura terminó con dilaciones y especulaciones y llegó a una conclusión que habla rotundamente a través de sus fundamentos, en los que se alude a las trabas que el depuesto magistrado utilizó en el proceso en su contra.
Se lo acusó de haber realizado “maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en un juez federal de la Nación”.
Debe recordarse que el caso conmocionó en su momento a los ámbitos políticos y judiciales nacional y provincial.
No es menor que se inicie una causa contra un magistrado judicial por graves denuncias que lo sitúan como virtual líder de una trama delictiva de enorme envergadura.
En el campo penal se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
Además, sus vínculos políticos con el kirchnerismo le dieron protección durante años y a ellos retribuyó con acciones, como, por ejemplo, haber ordenado, en 2011, el allanamiento de la operadora Cablevisión en una causa en su contra iniciada por otra empresa del rubro. Una amañada decisión, ya que ordenó una acción en una ciudad donde su juzgado no tenía jurisdicción.
Bento no sólo resistió a los cargos contra él formulados, sino que nunca mostró predisposición para apartarse de la función pública.
A esto hay que sumar la lentitud y sospechas de connivencia partidaria en el Consejo de la Magistratura para decidir su eventual suspensión.
Por otra parte, su figura siempre adquirió mayor relevancia por su competencia electoral en nuestra provincia, función que tampoco dejó de lado ante la realización de comicios, más allá de numerosos reclamos que le llegaron desde distintos sectores de la comunidad.
Como hemos señalado en este mismo espacio en una oportunidad anterior, claramente el caso Bento constituye un golpe más a la ya vapuleada justicia argentina.
No en vano, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento lamentaron en sus fundamentos la instancia que tuvieron que resolver.
“Es penoso para este Tribunal que un juez de la Nación en el que se había depositado la confianza pública para decidir sobre la libertad de los justiciables, se haya desviado de su recto proceder al extremo de merecer su destitución”, indicaron, para agregar que “jamás será auspicioso para el servicio de justicia tener que remover a un magistrado por su mal desempeño o mala conducta”.
En un país en el que se observa a diario cómo la corrupción se encuentra enquistada en muchos de sus cuadros dirigentes y de poder, se debe mirar con satisfacción procederes como el que concluyeron con la destitución y detención preventiva del ex juez federal de Mendoza.
Y cabe desear que en el derrotero de investigación y sentencia al que se expondrá de ahora en más Bento prime la claridad y el deseo de justicia.
Es lo que corresponde.
