Durante el anuncio de la intervención y posible futura expropiación de la empresa Vicentin por parte del Presidente de la Nación, se conjeturó sobre una posible avanzada regulatoria en materia productiva por parte del Estado. Los escasos resultados de experiencias de este tipo, en algunos casos no muy lejanas, llevaron a alzar la voz de alerta a representantes de la política y la economía, incluso algunas cercanas al actual oficialismo.
Las reacciones contrarias de buena parte de la sociedad argentina, con manifestaciones públicas de todo tipo, mostraron una vez más que ninguna acción tendiente a reactivar la golpeada economía del país debe basarse en directivas que pueden atentar contra las libertades y el orden institucional que distingue a una república.
Esas expresiones contundentes llevaron al Gobierno a intentar corregir el rumbo en cuanto a la propuesta de acción sobre la empresa, incluyendo la reunión del jefe del Estado con la cúpula gerencial de Vicentin.
Pero supuestas presiones dentro del espacio gobernante obligaron al Ejecutivo a ratificar las intenciones de expropiación.
La primera alarma surge por el modo de encarar el control de Vicentin por parte del Ejecutivo nacional. La facultad de decretar una intervención es propia de la Justicia. Con más razón en este caso puntual, ya que la cerealera se encontraba en concurso de acreedores y su caso se ventilaba en la Justicia en lo Comercial. Por lo tanto, debió ser el juez el que determinara si la empresa debía ser intervenida o no. Además, la decisión de hacerse con el control de la empresa puso freno a una solución entre interesados privados, puesto que la situación concursal debía tender a un eventual acuerdo con los acreedores. Había perspectivas favorables en ese sentido.
Otra cuestión a tener en cuenta es cómo enfrentará la Nación, si prospera la expropiación, la enorme deuda de la firma ahora intervenida con el antecedente de que la Argentina renegocia con muchas dificultades y prórrogas con los acreedores internacionales, basándose en la necesidad de extender los plazos para poder cumplir, pero no en lo inmediato. A priori, una postura contradictoria, independientemente de que el Banco Nación y otros organismos del Estado sean acreedores de la sociedad en concurso.
El tema se torna más enigmático si al intempestivo procedimiento se le suma la sospecha de una suerte de revancha política por parte del Gobierno hacia la anterior administración. A través de la Unidad de Información Financiera, el ex presidente Mauricio Macri fue denunciado, junto a otros ex funcionarios durante su gestión y a directivos de la empresa intervenida, de defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales por el otorgamiento y destino de préstamos desde el Banco Nación. Denuncias que deberá abordar libremente la Justicia para determinar qué grado de responsabilidad puede caberle a los involucrados.
La duda sobre esa suerte de venganza política se acrecienta si se tiene en cuenta que el kirchnerismo, que durante cuatro años adujo haber sido víctima de una persecución ideológica por orden del gobierno anterior, es el sector que más causas por corrupción ventiló y ventila aún en la Justicia.
En fin, que son muchas las señales que deben alertar sobre el riesgo de un nuevo avance sobre las libertades en general, libertades que una sociedad republicana debe valorar siempre.
