La institucionalidad de la República sigue siendo socavada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Frente a tan desmesurado ataque, el Gobierno busca minimizar el ataque de Cristina a la Corte y aclara que no evalúa un juicio político. Pero el presidente Alberto Fernández declara que comparte el planteo y, en una nueva muestra de malabarismo discursivo, señala que él viene manifestando lo mismo hace años.
En su última carta pública, Cristina Fernández ha llegado al extremo de señalar que la distribución de poderes que emana de la Constitución Nacional impide que se pueda construir, de verdad, “la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y de las argentinas”.
Por supuesto, no lo dice de manera explícita. Tampoco presenta su propuesta alternativa. Se limita a atacar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sus fallos, o a sus miembros por diferentes episodios de sus trayectorias individuales.
Pero en ese contexto repite conceptos que ya formuló; por ejemplo, en un discurso de 2018, en una reunión política de la izquierda latinoamericana.
Entonces sostuvo que la división de poderes es una estructura de gobierno creada por la Revolución Francesa, en 1789, cuando no existía la luz eléctrica ni los automóviles, donde el Poder Judicial, por ser “vitalicio”, es una “rémora de la monarquía”.
De ello se deriva que ese esquema, hoy, representa una antigüedad bastante absurda. Hay que modificarlo. Como dijo recientemente la abogada defensora de Amado Boudou, designada por Cristina Fernández en la Dirección Jurídica del Senado, hay que cambiar la “matriz judicial”.
En su carta, la vicepresidenta se lamenta de que el Poder Judicial sea perpetuo, en vez del resultado de elecciones, y tenga “la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.
Decisiones que, según ella, no se fundan en el derecho sino en “el ejercicio de la arbitrariedad” e, incluso, en una solapada militancia política en contra de la corriente “nacional y popular” que supuestamente expresa el Frente de Todos bajo su liderazgo.
Así, una vez más, Cristina Fernández endilga a los miembros de la Corte ser la cabeza del “partido mediático-judicial” que ha impuesto el mecanismo del “lawfare” para perseguirla a ella y a exfuncionarios de su gestión presidencial, así como proteger a Mauricio Macri y a quienes integraron su administración.
Por eso mismo, predice que no sería de extrañar que dentro de poco la Corte emita “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar” al gobierno de Alberto Fernández.
¿Cuál es la parte de este excéntrico planteo contra la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, dos pilares del constitucionalismo republicano moderno, que avala el presidente Fernández?
Hace años, en una entrevista periodística, supo decir que Cristina Fernández, en su segundo mandato presidencial, “lo que hizo en materia judicial, su intromisión en la Justicia, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y la designación de jueces subrogantes, su democratización de la Justicia, todo eso es deplorable”.
¿Cómo puede ser que, ahora, el contenido de esa carta no reciba la misma calificación?
