El Gobierno nacional decidió postergar las decisiones por una nueva enmienda al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la espera de la resolución de la interna oficialista por las candidaturas que recién acaba de concretarse este fin de semana
Las autoridades argentinas deben cancelar vencimientos por unos 2.600 millones de dólares, sobre los cuales se haría un pago parcial esta semana.
Hasta ahora, el FMI se mostró reticente a entregar en un solo giro los desembolsos del segundo semestre, que superarían los 10.200 millones de dólares.
El organismo pretende que esa remesa se destine a reforzar las reservas líquidas del Banco Central, que cayeron a niveles mínimos por la demanda de ahorristas e importadores y por pagos a organismos internacionales.
El equipo que conduce Sergio Massa pretende que una parte del futuro desembolso se use para contener la demanda del mercado doméstico, que se potenciaría en caso de una derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 13 de agosto.
El raid alcista en las últimas jornadas de acciones y de bonos de la deuda es alentado por inversores que prevén una derrota del Gobierno, lo que abriría las puertas a una gestión que potenciaría el crecimiento y reduciría el gasto público.
Los últimos resultados electorales en Chaco, Mendoza, Corrientes y por último Córdoba el domingo pasado, prefiguran un crecimiento de la oposición sobre los candidatos oficialistas, en especial, los vinculados con el kirchnerismo.
Más allá de estas alternativas, la decisión de demorar la quinta adenda al acuerdo firmado por el exministro Martín Guzmán revela también las discrepancias internas del Gobierno en relación con el FMI.
La vicepresidenta Cristina Fernández, su hijo Máximo y sus seguidores insisten en desconocer el acuerdo con el Fondo, sin esbozar con claridad una estrategia de reinserción en los mercados de crédito.
El fervor puesto en las tribunas respecto de los discursos anti Fondo intenta, además, lograr el apoyo de los sectores de izquierda, que por concepción ideológica rechazan la existencia del FMI como ordenador de las reglas económicas globales.
Aunque esquivo en definiciones tajantes, Sergio Massa juega a mantener una buena relación con el organismo de crédito, sabedor de que si la Argentina carece de dólares puede enfrentar una corrida cambiaria y una hiperinflación.
Además, el ministro, que ahora además pasa a ser candidato presidencial del oficialismo, se vincula con empresarios que defienden una economía de mercado, lo que constituye un antagonismo con ciertos planteos del kirchnerismo inspirados en los discursos del gobernador Axel Kicillof, entre otros exponentes.
La decisión de esconder bajo la alfombra los compromisos finales que se adopten ante el FMI a la espera del cierre de las listas de candidatos genera incertidumbre sobre cuál es la posición del Gobierno sobre las reformas que exige el organismo.
Como consecuencia, existe una parálisis de la actividad económica, salvo el caso de aquellas empresas que deciden profundizar su posición dominante en el mercado.
La interna oficialista favorece, en definitiva, una mayor concentración, que contradice el relato de una gestión que apuesta al desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de emprendedores. Además, afecta aún más las condiciones de vida de millones de argentinos.
