Las secuelas sanitarias y sociales que va dejando la pandemia son abrumadoras y mueven a pensar con cierto realismo que la recuperación no será sencilla. Por caso, los efectos de la cuarentena son devastadores en el terreno laboral, con comercios y empresas que debieron bajar sus persianas por la inactividad casi total, y con trabajadores que quedaron a la intemperie y sin el sustento elemental para la economía hogareña. Es cierto que la crisis laboral en el pais con índices preocupantes desde hace años, pero la pandemia profundizó el colapso en las diversas actividades de la producción y de los servicios.
Este contexto de decadencia se refleja en el informe que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social en Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según el estudio, desde que el coronavirus comenzó a dejar su huella de desolación en marzo pasado, se registraron 1.050.000 nuevos desocupados en el país. La medición toma en cuenta la pérdida de empleos en los dos primeros trimestres de 2020.
Así surgen datos elocuentes de una crisis económica desbordada. Para la UCA, la cifra superior al millón de nuevos desempleados implica que, sobre un total de 19 millones de personas que integran la población económicamente activa (PEA), la cantidad de desempleados sumó 2.220.000 en el primer trimestre y trepó a 3.310.000 en el segundo.
Pensar en una reactivación laboral en un contexto de retracciones de todo orden como el que vivimos resulta una tarea compleja. El Estado tiene que ingeniar políticas para atender las demandas de los segmentos que han quedado malparados por una debacle con pocos precedentes.
Entre ellos, las pequeñas y medianas empresas, comerciantes minoristas y, de hecho, quienes pasaron a engordar el universo de la desocupación. Emergen situaciones de extrema vulnerabilidad social, que se reflejan en aquellos ciudadanos que, al quedarse sin trabajo y sin un soporte económico (la UCA refiere a una “tercera generación”), son excluidos de las obras sociales y deben sumarse a los grupos que peregrinan por la asistencia pública.
Los reportes estadísticos, de probada seriedad y veracidad, contribuyen a saber dónde estamos parados. Pero sus conclusiones debieran ser un llamado de atención para las autoridades políticas, frente a realidades lacerantes, como la pobreza estructural que golpea a millones de argentinos.
No hay señales de que los indicadores sociales vayan a mutar de manera perentoria. La salud de la población por la pandemia y la supervivencia de los pobres y de los desocupados deben ocupar la agenda del sistema político en toda su extensión.
