La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) abordó y criticó casos de graves descalificaciones contra periodistas y medios ocurridos en los últimos meses en el país, reiterando que tales actitudes afectan la libre labor de la prensa y la libertad de expresión.
Lo más lamentable es que la mayoría de las actitudes belicosas recientes, y que resultaron objetadas, fueron generadas desde el mismo Ejecutivo nacional. Remarca Adepa que “el presidente Javier Milei se expresó con agresiones verbales contra un número considerable de periodistas y medios, tanto en forma directa como replicando mensajes de terceros en la red social X. Lo hizo de un modo que por reiteración y tono descalificatorio configuran una escalada de gravedad creciente y preocupante en el debate público argentino”.
También se hace referencia en el documento emitido por Adepa a conceptos sin ninguna duda ofensivos del Presidente contra la prensa expresados en discursos suyos en eventos o en congresos sectoriales y hasta en reportajes a medios y comunicadores del exterior. “Micrófonos ensobrados” que “perdieron el monopolio de la verdad”, “torturadores profesionales”, son algunos de los calificativos ingratamente sorprendentes provenientes de la máxima autoridad institucional de la Argentina.
Incluso, el presidente de la Nación supone que una de las razones por las que los medios periodísticos no valoran sus actos de gobierno, como él y sus colaboradores entienden que debería ocurrir, es atribuible a su decisión política de suspender la llamada pauta oficial. Nada más ajeno a la verdad de los hechos.
Editorialmente, este medio comparte el criterio de Adepa cuando esta organización reitera que “la discusión vibrante con los funcionarios públicos, el enérgico intercambio de ideas y la posibilidad de que el trabajo de medios y periodistas sea replicado, confrontado y desmentido son parte de la dinámica de la libertad de expresión y del debate democrático. No así el insulto, el agravio gratuito o las acusaciones genéricas sin pruebas. Estas conductas, y más si provienen del presidente de la Nación, lejos de favorecer un ejercicio virtuoso de la libre expresión contaminan el debate público, generan climas de hostigamiento y violencia simbólica y conllevan una cuota de intimidación…”.
En efecto, deben comprender las autoridades nacionales de turno que el derecho constitucional de libre expresión es parte del sistema de frenos y contrapesos que rige en una república, con lo cual, como bien remarca Adepa, los gobiernos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por ejercer responsabilidades públicas. Y ese mayor nivel de escrutinio debe ser acompañado, a su vez, por un más elevado nivel de responsabilidad en el ejercicio del discurso público.
Lamentablemente, la experiencia no es nueva para el periodismo argentino.
No hace muchos años gestiones de otro signo político, opuesto al actual tanto en lo ideológico como en lo metodológico, pusieron en serios aprietos a empresas y periodistas profesionales, que atravesaron instancias de acoso que llegaron a poner al límite la libre expresión en la Argentina. En dichos casos fue determinante la labor de la Justicia para poner freno a la embestida oficial de entonces y colocar en un prudente resguardo la labor profesional de informar y opinar en base a los encuadres que fija la pauta constitucional.
Es de esperar que la actitud oficial de confrontación con el periodismo cese y dé paso a un escenario de comprensión y tolerancia, algo tan necesario irradiar tanto desde el poder como de quienes tienen la enorme misión de orientar a la opinión pública.
