La sociedad de Mendoza resultó conmovida esta semana por la imputación al juez federal con competencia electoral Walter Bento como presunto jefe de una asociación ilícita.
Los cargos son por el supuesto cobro de coimas con el propósito de beneficiar a personas acusadas por la comisión de graves delitos en el ámbito de la justicia federal.
Grandes sumas de dinero son las que se manejaban de acuerdo al caso ahora investigado.
Los hechos también vinculan a la esposa del citado magistrado y a tres abogados de esta provincia.
El caso no sólo conmociona a los ámbitos judicial y político local; todo el país se hizo eco de una causa que presenta una acción delictiva que, de confirmarse, pondrá en tela de juicio una vez más a la vapuleada justicia argentina. Hay que tener en cuenta la trayectoria del magistrado ahora investigado, su injerencia, en su carácter de juez federal, en temas que generalmente trascienden el quehacer tribunalicio doméstico, o cotidiano, y la tremenda responsabilidad que como magistrado adquiere una persona con semejante rango. Más aún por su incumbencia en el tema electoral justamente en un año de votaciones y algunos antecedentes que empañan el historial judicial de Bento.
La labor de la justicia es tema de debate habitual en nuestra provincia y en el país. El Judicial es uno de los poderes del Estado, tanto nacional como provinciales, con peor imagen en la ciudadanía. La labor de los magistrados en general es frecuentemente criticada por su lentitud y, como consecuencia de ello, por sentencias tardías que en ciertos casos derivan en planteos de índole procesal que, como consecuencia, dan paso a atenuantes en materia de encarcelaciones y condenas. Denuncias como las que involucran al juez Bento no hacen más que seguir deteriorando el concepto ciudadano sobre quienes deben impartir justicia.
Por lo tanto, urge que el proceso iniciado a partir de las denuncias contra el magistrado federal electoral de Mendoza siga su curso sin obstáculos ni presiones de ninguna índole.
Se debe saber la verdad, algo que un mayoritario porcentaje de la gente pretende cuando quienes están en el banquillo de los acusados son, nada menos, que los que tienen la obligación de velar por el bienestar de la sociedad en la que desarrollan sus actividades.
En un país en el que cada vez más se comprueba que la corrupción está enquistada en sus estamentos dirigenciales y de poder, denuncias como las que comprometen seriamente al juez Bento deben formar parte de procesos de investigación y sentencia claros, ejemplares.
Sólo así la sociedad podrá renovar su crédito hacia una dirigencia generalmente cuestionada y en muchos casos desprestigiada.
Las normas constitucionales que nos rigen le otorgan a la política (poderes Legislativo y Ejecutivo) la enorme potestad de seleccionar y nombrar a los magistrados en las distintas jurisdicciones según las propuestas que surgen del ámbito judicial.
Así, la dirigencia política también es responsable de que jueces y fiscales lleguen a sus cargos en base a idoneidad y honestidad y que sus respectivas trayectorias no se aparten nunca de esas conductas.
Es de desear que, como reclama el grueso de la sociedad, muy pronto se sepa la verdad sobre este escándalo. Será un gran aporte a la alicaída confianza en las instituciones republicanas, falencia que sólo beneficia a quienes buscan ejercer el poder entre componendas y tentaciones autoritarias.
