El año legislativo en curso no se caracteriza por la elevada actividad del Congreso. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados de la Nación se ven afectados por una parálisis ocasionada por los problemas internos del oficialismo. Como consecuencia de ello, muchos temas de interés comunitario van quedando relegados mientras la ciudadanía observa con disgusto la inoperancia de sus representantes, que por lo general priorizan sus entuertos partidarios y dejan a un lado los intereses del bien común.
Uno de los ejemplos de tanta desidia política es la llamada ley de alquileres, demorada y de lenta resolución para su modificación. Nadie parece querer hacerse cargo de semejante falta de respeto a la gente. Se ven involucrados numerosos inquilinos y propietarios, como representantes inmobiliarios, que frecuentemente suelen llevar a cabo una suerte de mediación entre las partes para conseguir que las diferencias entre oferta y demanda lleguen a buen puerto con un adecuado contrato de locación.
Sin embargo, nadie define nada. El debate en el Congreso de la reforma de la ley 27.551, que debe alumbrar una nueva legislación que encauce una situación caótica derivada de la anterior norma que rigió sobre alquileres, está trabada por la politización de las cuestiones que no deberían entrar en la puja partidaria, sino priorizar las necesidades de la población.
La mayoría de las voces que son parte de este espinoso tema fueron escuchadas, a su turno, por los legisladores, siempre con el argumento de buscar consensos y lograr una ley que solucione la aflicción de millones de argentinos.
Todo queda en buenos deseos, o, tal vez, en palabras agradables que esconden otras intenciones no tan bondadosas. La política partidaria siempre interfiere y ahora hay más de una postura, con lo cual el tema de los alquileres corre el riesgo de llegar al recinto con diferencias que no permitan borrar todos los errores del pasado en este asunto puntual.
El debate parecía encaminado hacia una convergencia de ideas que resultase favorable a los inquilinos, en primer lugar, y a partir de ahí a los demás sectores interesados en toda negociación inmobiliaria. Pero todo se detuvo y ya pasó un mes sin que se pueda debatir y aprobar la nueva norma. Lo que se había pactado para fines de abril se encuentra ahora con pronóstico reservado.
El kirchnerismo dio despacho a una propuesta de ley que puede llegar a ser aprobada y que, en la práctica, no produce modificaciones y terminaría afectando a los inquilinos. Todo queda en mera apariencia de mejora.
Lo mismo se puede apreciar en temas de interés cívico que pueden representar una mejora en un sistema vital para las instituciones, como es el electoral. La llamada boleta única de papel es propuesta desde una parte de la oposición para remplazar a nivel nacional a la tradicional y amañada lista sábana. Otro debate frenado porque el oficialismo ahora parece no encontrar favorable la modificación a la que se apunta, que servirá no sólo para ahorrar costos de impresión; la transparencia de las candidaturas es, posiblemente, el mejor avance a lograr.
Tan sólo un par de ejemplos para comprobar cómo la política acentúa su descrédito cuando no prioriza los intereses de la gente y sólo usa el beneficio de las bancas para fortalecer mezquinos intereses partidarios.
