Si creíamos que estaban superados o por lo menos en baja los robos de cables del servicio telefónico, no podríamos estar más equivocados.
Es probable que haya habido una reducción en los meses más severos de la pandemia de Covid-19, especialmente durante 2020, pero de un tiempo a esta parte la modalidad delictiva volvió a aparecer en distintas zonas del Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y el sur provincial.
Este delito, que fue muy típico en la primera década de 2000, ha reaparecido con aparentes renovadas fuerzas y si las autoridades no hacen los esfuerzos necesarios para ponerlos en caja, muchos habitantes volverán a padecer el flagelo y su calidad de vida se verá afectada.
Los Andes se ocupó del tema en una nota publicada el pasado 26 de setiembre.
De acuerdo con la denuncia de una de las empresas prestadoras del servicio, la modalidad delictiva se incrementó en 73% en lo que va del año, respecto de todo el año pasado.
El aumento de casos se vio fuertemente acentuado en los meses de junio, julio y agosto.
Las localidades más afectadas fueron Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín, Palmira y el interior de Lavalle, Costa de Araujo, Cuadro Nacional, Tupungato y Vista Flores.
La comparativa indica que en 2020 fueron repuestos en la provincia 15.393 metros de cables, mientras que en 2021, ya se llevan remplazados 41.157 metros.
El mismo reporte arroja que el año pasado, 13.800 clientes se vieron afectados por este delito, mientras que en lo que va de 2021, 33.500 clientes mendocinos ya vieron interrumpido el servicio como consecuencia de los recurrentes robos.
La situación, que ocasiona serios inconvenientes a los clientes y a la sociedad en general, afecta principalmente los servicios esenciales de emergencia, salud y seguridad, además de la actividad comercial y social de las personas.
No obstante que este latrocinio se produce en zonas despobladas, la mayoría de las veces en calles y callejones rurales, el ciudadano se pregunta cómo las policías Federal y de la Provincia, la Gendarmería y otros organismos públicos no han podido neutralizar la sustracción y el tráfico de estos elementos, no obstante, los años que llevan combatiéndolo.
Es verdad que en ocasiones y en el pasado, se logró recuperar miles de metros de cable robados y se produjeron detenciones.
Pero, finalmente, el delito se reproduce como una hidra de mil cabezas.
De todos modos y pese a los reiterados fracasos de todos estos años, habrá que insistir en el combate del flagelo tratando de centrar la mira en la investigación del tráfico del cobre y la venta en chacaritas u otros reductos de venta de artículos usados o su posible destino para la exportación.
Otra posibilidad, además de la progresiva instalación de la fibra óptica en la mayor cantidad de lugares, podría ser el soterramiento progresivo de todos los servicios.
Es un proyecto en tratamiento en la Legislatura que contempla que “toda obra pública que tenga por objeto la construcción, conservación o reparación de rutas y caminos incluyan la contratación de triductos soterrados para que, dentro de los mismos, puedan pasar cables de telefonía, internet y otros servicios”.
