Siempre nos resta un pequeño margen para la sorpresa en la Argentina, derivada de la inagotable creatividad de quienes quieren que todo siga igual o empeore. El ejemplo de la inflación es flagrante: el Gobierno nacional celebró que el índice anual no superara los tres dígitos en 2022.
Como entre 2007 y 2015, con la manipulación del Indec, ya se había probado romper el termómetro para que nadie supiera a cuánto ascendía la fiebre, esta vez algún iluminado concluyó que se puede retorcer el cuello de la realidad si se apela a los servicios de alguien con buenos músculos.
Antes había sido Guillermo Moreno interviniendo el Indec para que los números oficiales no dijeran lo que todo el mundo podía ver en las góndolas. Ahora, para no repetir una fórmula tan desprestigiada, desde el Gobierno nacional –y nada menos que con la venia del ministro de Economía, Sergio Massa– se ha lanzado a la calle a piqueteros y camioneros con el objeto de poner coto a la inflación, ese drama auto infligido en el que irónicamente quienes lo generan son los mismos que deben remediarlo.
Algo que no consiguen porque los mismos que la denuestan la necesitan para seguir en la tarea de desmantelar lo poco que queda de un país agobiado por las tenaces equivocaciones de los funcionarios actuales.
Claro que esta vez el remedio es el fruto de un árbol envenenado, ya que se enmarca en la acelerada pérdida de institucionalidad derivada de un ataque sistemático a toda forma de legalidad que se manifiesta en la demolición cotidiana de cualquier atisbo republicano por parte de quienes trabajan con ahínco desde hace dos décadas para imponer una democracia tutelada.
Piénsese en el dilema de cualquier comerciante que debe soportar el ingreso a sus instalaciones de elementos que se caracterizan por no diferenciarse mucho de barrabravas, quienes, sin autoridad ni competencia alguna, deberían verificar stocks y precios, tareas para las que no están capacitados. Cabe preguntarse si corresponde denunciar la irrupción y convocar a la Policía y qué harían la Justicia y los uniformados ante ese cuadro de situación.
El mediático secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, tiene a su disposición una Ley de Abastecimiento, entre otros instrumentos legales, amén de la competencia necesaria, presupuesto y personal autorizado y capacitado, pero, como sucede en todos los órdenes, ante la imposibilidad de domeñar una realidad que se muestra esquiva se apela a un recurso circense. Para que todo siga igual, pero alguien tenga la culpa.
Todo lo cual puede describirse como una paupérrima privatización de la ineficiencia. Lo que sea para no reconocer que el modelo vigente se sustenta en una inflación que trabajadores y jubilados soportan estoicamente mientras piqueteros y camioneros tratan de emular a justicieros de una fantasía que quiere hacerse pasar por política económica.
