La vida en la ciudad de Rosario se torna cada día más problemática, por no decir dramática, para sus habitantes. La culpa del padecimiento ciudadano en esa importantísima urbe de nuestro país es el cada vez más desenfrenado avance del crimen de la mano de bandas de narcotraficantes.
El problema no es menor y por ello la situación que se vive en la ciudad litoraleña ha merecido en los últimos meses el abordaje de distintos medios periodísticos internacionales impactados por los datos que arroja a diario la criminalidad narco. Así, la Cuna de la Bandera es hoy considerada como uno de los lugares más peligrosos de la Argentina.
El enfrentamiento entre bandas por el control de la venta de drogas pasó a ser desde hace bastante tiempo un episodio cotidiano y, de la mano de esa tendencia, la participación de sicarios en los hechos delictivos permite elevar a cifras desmesuradas el índice delictivo que registra Santa Fe.
Por otra parte, de la mano de la narcodelincuencia transita cada vez más cómoda la inseguridad cotidiana, que crece aprovechando la confusión reinante y también embiste a diario contra la cada vez más desprotegida población. En la temporada actual ya hay un récord de muertes violentas en aquella ciudad.
Entre enero y abril se registraron casi 100 asesinatos como consecuencia de la violencia por la inseguridad y los ajustes de cuentas de los narcos. Lamentable.Este flagelo que vive la provincia de Santa Fe, con epicentro en la populosa Rosario, viene siendo enfrentado con esfuerzo y altibajos por parte del Estado provincial.
Pero los desbordes operativos llevaron en los últimos años a las autoridades santafesinas, de distinto signo político, a plantear a las autoridades nacionales la necesidad de una asistencia operativa no siempre bien correspondida. El narcotráfico requiere de un abordaje judicial y de seguridad de carácter nacional.
Recientemente, el gobernador Omar Perotti volvió a reunirse con las autoridades del Ejecutivo nacional para reclamar mayor asistencia operativa. Se le prometió un envío de nuevos refuerzos de Gendarmería.
Sin embargo, todos estos paliativos periódicos con los que el gobierno nacional asiste a la provincia de Santa Fe suelen resultar insuficientes teniendo en cuenta el nivel de crecimiento de las actividades delictivas motivadas por el negocio de la venta de drogas y la consiguiente guerra entre bandas narcos que se sucede.
Gran parte de la dirigencia política y la representación jurídica de Santa Fe sostiene con insistencia que aquella provincia ha quedado desprotegida por parte del poder central del país.
Mientras se discute sobre los alcances jurisdiccionales que tiene la Justicia Federal para abordar las tramas delictivas, la influencia narco corrompe cada vez más estructuras del sistema de seguridad santafesino y de parte de su Justicia, tornando prácticamente insuficiente cualquier sano intento por salir al cruce de la trama delictiva.
Es de esperar que las autoridades nacionales tomen con firmeza, de una buena vez, el combate operacional y judicial al narcotráfico y sus derivaciones. La provincia de Santa Fe es el ejemplo más palpable del flagelo, pero muchas otras zonas populosas del país comienzan a mostrar sus preocupantes y rápidos efectos.
