Todo indica que la principal estrategia del gobierno nacional de cara a las elecciones de noviembre se basa en subir el gasto público, con el propósito de obtener los recursos destinados a aumentar políticas asistencialistas para los sectores más afectados por la crisis.
Claramente, el oficialismo se propone captar los votos que necesita para intentar revertir el resultado adverso del 12 de setiembre.
Son las llamadas medidas de corto plazo con las que intentarán asegurar, principalmente, el apoyo de muchos que no concurrieron a las urnas recientemente.
Seguramente, consideran los estrategas del Frente de Todos que los ciudadanos reticentes en las PASO sí están en condiciones de apoyar en las generales si la oferta monetaria es tentadora.
Queda demostrado que se priorizará lo coyuntural con un fin político, una vez más, para dejar para otro momento la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los argentinos, como el desempleo, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad, el déficit en educación, entre otras serias deficiencias que golpean a la sociedad en su conjunto.
Curiosamente, parecería que esta suerte de pospandemia pensada por el remozado gabinete del presidente Alberto Fernández pretende devolver con dádivas lo que la misma gestión le quitó durante los excesivos meses de encierro y freno a la economía que impuso la cuarentena “eterna”.
Entre lo que se está gestando se encuentra el acceso anticipado a la jubilación para aquellas personas que se encuentren desocupadas y que tengan como mínimo 30 años de aportes.
Riesgosa maniobra si se considera que la medida derivaría en un aumento importante de jubilaciones a pagar por un sistema previsional que se encuentra desde hace mucho tiempo colapsado.
También en ese contexto se incluye la iniciativa, conocida la semana pasada, para condonar deudas fiscales de relativo monto.
Ya no se habla de moratoria. Esto beneficiaría a pequeñas empresas y contribuyentes que pagan IVA y Ganancias, como también a entidades barriales y sociales en general. La suma que dejaría de percibir el fisco en caso de prosperar esta iniciativa roza los 13 mil millones de pesos.
Y hay una elevada cantidad de iniciativas más.
Entre ellas el acuerdo, siempre bienvenido, para subir 52% el salario mínimo, vital y móvil, que ahora llegará a poco más de 32.000 pesos, y que se efectivizará en tres tramos.
Este es, claro que sí, un incremento muy necesario, pero a todas luces tardío e insuficiente si se tiene en cuenta el costo de vida actual.
Una familia tipo argentina necesitó casi 70.000 pesos mensuales para no ser pobre. Recién ahora llegó la convocatoria estatal a una mesa que comparten dirigentes gremiales y empleadores.
En fin, todas las propuestas se refiere, a medidas cortoplacistas tendientes a incentivar el consumo, pero financiadas por un mayor gasto público. Peligrosa estrategia electoral oficialismo en un escenario de elevadísima inflación, que difícilmente se atempere en lo inmediato en virtud de la lógica emisión que le demandará al Estado cubrir las descriptas iniciativas, basadas en las urgencias electorales del Gobierno.
