La política también genera noticias por la sucesión e irregularidades que periódicamente trascienden a raíz de la mala labor de sus protagonistas. O de personas cercanas a éstos, como se conoció en los últimos días.
El tema más resonante es el de las tarjetas de débito en poder de un allegado a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, sorprendido, con mucho dinero en su poder, efectuando retiros de cajeros automáticos de cuentas de supuestos empleados legislativos. Tenía en ese momento 48 tarjetas. Lo lamentable es que se trata de una persona vinculada al oficialismo de esa provincia; uno de los habitualmente llamados punteros, esa especie de nexo que existe en la mayoría de las agrupaciones políticas más convocantes y sectores de la población a los que supuestamente atienden o asisten.
Es un caso en el que la dirigencia partidaria en general se ha expresado con cautela ante la sospecha de que detrás del hallazgo salga a la superficie una trama de corrupción de características notables. La Justicia, que respondió con sugestiva rapidez para liberar al detenido, debería dedicarse plenamente a lo que puede constituir una metodología de corrupción de límites inimaginables no sólo en la provincia de Buenos Aires. En política los malos ejemplos son, lamentablemente, fáciles de imitar.
El otro caso es el que vincula a la presidenta del Banco de la Nación Argentina, ex ministra de Economía del gobierno nacional, Silvina Batakis, que también quedó en la mira judicial acusada de nombramientos irregulares en la institución que conduce, incluyendo a su ex marido, con sueldos muy elevados. Además, mandó a contratar por seis meses a una numeróloga para que brindara servicios a las autoridades bancarias. Realmente, insólito.
Se trata de hechos que elevan el nivel de descreimiento que gran parte de la población argentina tiene en sus instituciones. El caso comprobado en la Legislatura bonaerense es, además de totalmente reprochable en lo institucional, sumamente triste y lamentable por una afrenta al corazón de la vida democrática, como es el Parlamento.
Desde ningún punto de vista es admisible que personas dispuestas a delinquir valiéndose de cualquier recurso se encuentren dependiendo laboral o políticamente de legisladores o dirigentes partidarios en general. No cabe ninguna duda de que los recursos en poder de este tipo de personajes provienen de los presupuestos que anualmente se destinan al funcionamiento de cada uno de los poderes del Estado, sea del ámbito nacional o de las provincias. Lo mismo cabe suponer en el ámbito municipal.
El problema radica en la forma de actuar de personajes como el puntero descubierto in fraganti vaciando cajeros bancarios con tarjetas de supuestos empleados legislativos, como también de la titular del Banco de la Nación. Si la Justicia no los considera con la seriedad que casos como los observados debe imponer, la impunidad seguirá habitando en muchos rincones que son hábitat de la mala política mientras la indiferencia de la sociedad se acrecienta. Esto último se pone de manifiesto en el rechazo generalizado a la dirigencia que dice representarla.
Arcas públicas saqueadas por delincuentes enquistados en los poderes del Estado ante la complacencia o negligencia de las autoridades que los contratan y debería controlar, tristes elocuencias de un Estado que puede caer en procesos de descomposición.
