El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rechazó la renuncia de la jueza denunciada por pedir una coima para agilizar un juicio sucesorio, la suspendió de manera preventiva y le abrió un sumario administrativo, además de promover un jury de enjuiciamiento en la Cámara de Diputados de esa provincia.
El procedimiento es correcto. Un funcionario judicial acusado de mal desempeño no puede renunciar para evitar la destitución y, en la medida de lo posible, quedar exento de toda condena.
El caso se hizo público a través de un informe periodístico, pero la víctima había efectuado previamente la denuncia correspondiente ante la fiscalía de turno, patrocinada por los abogados de la organización Poder Ciudadano.
La jueza denunciada es Norma Abate de Mazzucchelli, quien habría pedido, en principio, $ 8 millones como “reconocimiento” a lo resuelto en una sucesión. La insinuación fue bastante explícita. Quedó grabada, aparentemente con un teléfono celular o dispositivo similar, y se advierte que el diálogo tiene lugar en el despacho de la jueza.
Para justificarse, la jueza habla del magro salario que cobra. Y cuando la denunciante le señala que no posee ese dinero, amén de rebajarle la cifra a $ 5 millones, la jueza le aclara que se trataría de un “reconocimiento”, no de una “obligación”. “Nadie te va a poner un revólver en el pecho”, concluye la magistrada.
Iniciada por el fiscal Luis González Aguirre, se la imputa por exacción ilegal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años al “funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
La filmación que documenta el pedido de coima fue emitida por Telenoche Investiga. Tras su difusión, se produjeron las repercusiones judiciales y políticas. Por un lado, la renuncia de la jueza y su rechazo por parte del Tribunal Superior. Por otro lado, las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela, quien no se privó de cometer el error de afirmar que había pedido que la separaran de su cargo y la investigaran, atribuyéndose funciones propias del Poder Judicial.
Además, como Abate de Mazzucchelli es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la entidad anunció que la suspendía preventivamente como socia, de modo que no puede ejercer el cargo que allí ostenta.
El caso demuestra la vigencia de una práctica que supieron recomendar hace varias décadas los juristas italianos que lidiaban con causas vinculadas a la corrupción y el crimen organizado: para condenar a los culpables, no basta con tener pruebas de calidad en el expediente; hay que contar con el apoyo de la opinión pública, lo que requiere de la participación de la prensa como agente difusor. Eso explica las filtraciones de las pruebas a determinados medios.
Pero para que la investigación se active, no debiera ser la víctima la encargada de producir la prueba. El propio Estado tiene que poder ofrecer una alternativa.
