La reciente condena al político José Alperovich como responsable de numerosos casos de abuso sexual no sólo sacude el ámbito institucional argentino por la gravedad de los cargos que dieron sustento al fallo judicial, sino que, fundamentalmente, constituye un necesario punto de partida para el final de la impunidad con la que se han movido durante décadas, en la comisión de este y otros tipos de delitos, numerosos integrantes de la vida institucional del país.
Entre otras razones, este caso es puntualmente resonante para la política argentina, ya que nunca antes un personaje con tanto poder en el país había sido condenado por la reiteración de episodios de tamaña magnitud.
Alperovich fue condenado a 16 años de prisión como el responsable de varios casos de violencia sexual contra una sobrina y colaboradora en la función pública. Puntualmente, fueron tres casos de abuso y seis de violación sexual los que detonaron el fallo en su contra. Además, queda inhabilitado en forma perpetua para ejercer cargos públicos, desde nacionales hasta municipales.
Estamos refiriéndonos a alguien que en su larga trayectoria pública fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán y posteriormente importante senador nacional por el kirchnerismo. Precisamente, el dominio político que ejerció en sucesivos mandatos como gobernador de su provincia fue coincidente con los tres períodos presidenciales consecutivos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández.
Superado su trayecto como gobernador de su provincia, Alperovich fue influyente senador nacional del espacio liderado por los Kirchner. Y su esposa, Beatriz Rojkés, que transitó durante muchos años los cámaras del Congreso, llegó a ser, incluso, presidenta provisional del Senado también en los tiempos de dominio político de los Kirchner en el país.
Una sobrina de José Alperovich, que trabajaba con él en el ámbito público, lo denunció por abusos cometidos desde 2017 tanto en Tucumán como en Buenos Aires. El hartazgo y la indignación de esta persona fueron de tal magnitud que la condujeron a presentar, con absoluta justicia y valentía, una denuncia que dejara a salvo su imagen y que, principalmente, pusiera en evidencia las miserias humanas escondidas en estos casos reiterados tras los oscuros recovecos de la política.
De ninguna manera deben quedar dudas de lo dispuesto por la justicia en este lamentable caso, luego de cuatro años de formulada la primera denuncia, cuatro meses de desarrollo del juicio oral y público y más de 70 testimonios escuchados y relacionados con la detestable conducta del ex caudillo partidario tucumano.
Coincidimos en este espacio de opinión con la apreciación de muchos observadores especializados en delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, en que se trata de la primera vez en la que una persona de enorme poder político y económico llega a juicio y a una justísima y lapidaria condena. Con más razón por tratarse de una de las conductas humanas más miserables y repugnantes.
Finalmente, en este asunto puntual tanto la denunciante como jueces y fiscales que investigaron y emitieron fallo dejaron en alto los valores de la dignidad y la honestidad en el ejercicio del poder. Recuérdese que es la justicia la que debe mantenerse al margen de la influencia de la política representada en los dos restantes poderes del Estado, algo que, lamentablemente, no ocurre con frecuencia en la Argentina.
