El contenido sobre temas económicos del mensaje del presidente Alberto Fernández ante el Congreso pasó casi inadvertido, por el fuerte tono crítico de sus ataques al Poder Judicial, a la oposición y a los medios de comunicación. Esa actitud no contribuye a la búsqueda de los consensos mínimos que había planteado poco días atrás, el 19 de febrero último, durante el lanzamiento del Consejo Económico y Social.
Ese organismo, integrado por representantes multisectoriales y asesorado por personalidades internacionales, no incluye de por sí a la oposición política, que, de tal modo, no puede hacer oír su voz en cuestiones clave.
Aun cuando la Justicia requiere de reformas para garantizar derechos y agilizar sus procedimientos, los ataques desmesurados a sus integrantes, y en especial a la Corte Suprema de Justicia, esconden la intención de buscar la impunidad en los actuales procesos por corrupción.
El acuerdo con la oposición es fundamental para dar sustentabilidad a los proyectos que tengan que ver con el trabajo, con la producción y con la relación con las provincias.
El respeto a la tarea de informar y de debatir libremente las ideas forma parte de los conceptos modernos del funcionamiento de la República.
El agresivo mensaje del Presidente contrasta con las promesas de campaña, que entusiasmaron a millones de argentinos en su compromiso de trabajar para cerrar la grieta política.
En lo inmediato, los anuncios que sobresalen en materia económica son los vinculados con la reducción del piso del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se prometió un proyecto para evitar el ahogo fiscal de monotributistas.
Alberto Fernández enumeró también seis proyectos para alentar las inversiones y la producción en otros tantos sectores, algunos de los cuales pueden favorecerse en un contexto de cierre virtual de las importaciones y de facilidades cambiarias.
No obstante, el principal interrogante de quienes deben destinar su dinero a nuevas inversiones es el grado de seguridad jurídica que tendrán para preservar las condiciones iniciales de esos proyectos.
El control de la Justicia genera dudas acerca del mantenimiento de las reglas de juego, las cuales podrían ser simplemente modificadas por un decreto del Poder Ejecutivo, convalidado luego por jueces afines.
La investigación de la deuda por 44 mil millones de dólares durante la gestión de Mauricio Macri, en 2018, podría convertirse en un golpe inesperado sobre el endeudamiento generado durante la administración de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015, y sobre el abultado déficit fiscal y sobre el cepo cambiario que dejó al final de su mandato.
El congelamiento de las tarifas de los servicios regulados puede conducir a incrementar el déficit fiscal.
Argentina necesita avanzar hacia una convergencia de intereses sectoriales, respaldada por una amplia mayoría.
El Presidente debe entender este concepto básico, para trabajar por la unidad de los argentinos, no para el fortalecimiento de un sector político, lo cual contribuyó en gran forma a la actual crisis económica.
Un Consejo Económico Social está bien si incluye a todos los sectores y tiene efecto directo sobre la seguridad jurídica del país.
