La Corte Suprema retomó la presidencia del Consejo de la Magistratura y anuló el fallo del juez de primera instancia que había avalado al kirchnerismo para no designar nuevos consejeros en representación del Congreso.
Fue una inevitable demostración de la potestad de la Corte que, sin embargo, podría derivar en un grave conflicto institucional, como lo demuestra la escasa voluntad de las autoridades del Congreso en enviar representantes que no respondan al oficialismo, y la posterior actitud de la vicepresidenta de dividir su propio bloque con la misma intención.
En diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la reforma promovida en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner. En consecuencia, volvía a regir la norma mal modificada, de manera que el Consejo seguiría siendo presidido por el presidente de la Corte, con 20 integrantes en vez de 13, que fue el número fijado en 2006.
Como la reposición de la vieja ley demandaría un tiempo, ya que cada estamento debía elegir a sus nuevos representantes, la Corte fijó un plazo de 120 días. Tiempo más que suficiente, llegado el caso, para que los legisladores, si así lo preferían, promulgasen una ley que diera una nueva forma al Consejo de la Magistratura.
Ese plazo venció en Semana Santa. En el Congreso, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que elimina la participación de la Corte y fija un número de 17 consejeros. Pero en Diputados esa iniciativa no tuvo tratamiento. Al no haber nueva ley, la Corte no tenía opciones: o asumía la conducción del Consejo el lunes pasado o se licuaba en el acto toda su potestad constitucional, al incumplir un fallo emitido por ella misma.
Por eso, el máximo tribunal no sólo se hizo cargo del Consejo sino que, al anular el fallo de un juez de Paraná a favor de la no integración de nuevos representantes del Poder Legislativo, sostuvo que “claramente se entrometió en la decisión de esta Corte”, ya que “se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”. Por ello, decidió pedirle al Consejo que evalúe el juicio político del juez, por mal desempeño. Una implícita advertencia para Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.
De momento, el kirchnerismo optó por describir la situación como un “golpe de Estado”, donde ellos serían los agraviados por la “decisión” autoritaria e inconstitucional de Horacio Rosatti, presidente de la Corte. El viceministro de Justicia, Martín Mena, habló de “invasión” de un poder a otro: “No podemos permitir que la Corte legisle”, aseguró.
Como dice el refrán popular, no se puede tapar el Sol con la mano. La ofensiva del kirchnerismo contra el Poder Judicial no es ninguna novedad. Este conflicto es sólo un nuevo capítulo de una larga historia.
