La suba de las diferentes cotizaciones del dólar en las últimas jornadas generó incertidumbre, por el impacto sobre los compromisos financieros del Gobierno nacional y de las provincias en esa moneda, además de la especulación sobre los precios.
Los bienes y servicios subieron alrededor de 70% en los primeros cuatro meses del año, mientras que el dólar aumentó apenas un cuarto de ese valor, si se comparan las diversas cotizaciones existentes.
Los mecanismos regulatorios actúan como un contenedor, ante una probable “corrida cambiaria”, que no podría suceder en este momento en función de las reservas que posee el Banco Central, de la relación con los pesos en circulación y de las limitaciones para la compra de billetes.
Sin embargo, aquella premonición apareció en forma repetida en los medios de comunicación vinculados con el kirchnerismo y en los análisis de los economistas identificados con esa postura política.
Aunque el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, minimizaron los movimientos de las últimas rondas, debieran, no obstante, prestar atención a los mensajes implícitos que contiene el alza de la moneda norteamericana.
La suba genera inquietud en los mercados y dispara especulaciones en torno de los precios, en momentos que la inflación registra una fuerte desaceleración respecto de los primeros meses de la actual gestión.
En no pocos casos, los movimientos del dólar se trasladan a precios, aunque no exista una relación directa con los costos de los servicios y bienes que se producen en el país.
Tanto Milei como Caputo han descartado una devaluación brusca, similar a la que determinaron tras la asunción presidencial, al tiempo que ratificaron la corrección mensual de 2% sobre el dólar oficial.
El Gobierno debe avanzar rápidamente en la liberación del cepo cambiario, para facilitar una mayor actividad que genere, a la vez, un aumento sustentable de la recaudación de impuestos.
Con mayores ingresos, se producirá el ancla fiscal que reclama Caputo para avanzar en la desregulación de la economía, que incluiría una baja en los impuestos nacionales.
Para esa situación, es clave la sanción de la “ley bases”, que tiene el apoyo de la mayoría de los gobernadores y de las grandes empresas, las que ven una oportunidad para el despegue económico.
En ese contexto, el Gobierno debe garantizar la protección de las pequeñas y medianas empresas ante la liberación de las importaciones y la eventual puesta en marcha de un régimen de incentivo a las grandes inversiones (Rigi), que podría descolocar a la producción local.
El regreso de los movimientos por la cotización del dólar, que la gestión de Javier Milei logró controlar eficazmente en los meses anteriores, es un llamado de atención sobre los grandes desafíos que supone la sanción de las herramientas para el recorte del gasto público y el crecimiento sustentable.
Más allá de la disputa académica, alentada por ciertos intereses económicos, el Presidente y el titular del Palacio de Hacienda están obligados a ofrecer las soluciones que favorezcan el equilibrio social.
